Un grupo de 96 empleados debe devolver 15 millones de dólares estadounidenses, que Petroecuador recibió como pago por dos sanciones de primera y segunda instancia, que el Tribunal Constitucional (CC) dejó sin efecto al aceptar medidas de protección excepcionales que fueron presentadas por la corporación de acciones.
La opinión de la corte se publicó el 21 de noviembre de 2024. La sentencia establece que el derecho a un procedimiento apropiado fue violado por los jueces de la Cámara Especial Civil de la Corte Provincial de Esmeraldas y el Departamento Judicial de Atacames multi -competente.
En este sentido, el CC contrató las sanciones del 15 de agosto de 2022 y el 5 de junio de 2023, en las que se aceptaron las medidas de protección aceptadas contra Petroecuador y la Oficina del Fiscal General y en el que se determinó la cantidad de reparación económica, que fue de más de $ 30 millones.
Los trabajadores aparentemente subcontratados presentaron la demanda judicial contra Petroecuador en 2022 y afirmaron que el componente 8 se activó y se le prohibió almacenarlos, y el servicio público para que la compañía pública los reconozca directamente como servidores públicos regulares, reconocer la estabilidad laboral y las ventajas sociales. Acusaron a la compañía petrolera estatal para violar el Mandato 8 al no aceptarlo como empleado directo.
Petroecuador solicitó la aclaración y expansión de esta sentencia, pero fue rechazado por el Departamento Judicial. Luego, la corporación de acciones y la Oficina del Fiscal General hicieron una apelación. La apelación fue visitada por la Cámara Civil de la Corte Provincial de Esmeraldas.
Antes de concluir la queja, el juez del Departamento Judicial llevó a cabo un procedimiento para la ejecución y el cumplimiento de la sentencia de primera instancia sobre el primero de los actores. El 19 de septiembre de 2022, el juez ordenó que el cálculo de la cantidad de reparación económica fuera determinado por el conocimiento especializado. Para el 1 de diciembre de 2022, el juez del Departamento Judicial emitió un requisito de pago y ordenó a Petroecuador que registre el valor de $ 30.3 millones.
El 9 de enero de 2023, Petroecuador informó al Departamento Judicial que ya se habían pagado 15 millones de dólares estadounidenses. Más tarde, en el mismo mes, el juez del Departamento Judicial ordenó que la orden de pago para Banecuador estaba preparada para pagar los montos correspondientes a ellos. El 8 de mayo de este año, el mismo juez ordenó a Petroecuador que rescindiera el monto restante dentro de los cinco días.
El 5 de junio se emitió la decisión sobre la queja de que Petroecuador y el Fiscal General se emitieron el 5 de junio. Los jueces de la Cámara del Tribunal Provincial rechazaron los recursos presentados y confirmaron la sentencia de primera instancia y ratificaron las medidas de reparación.
El mes siguiente, el 3 de julio de 2023, Petroecuador presentó las extraordinarias medidas de protección para las cuales se resolvió el Tribunal Constitucional en noviembre de 2024. La compañía petrolera argumentó que se violaron los derechos a la certeza legal, un procedimiento adecuado para garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes y la motivación, así como el derecho a defenderlo, en el que se establecieron juicios o evaluaciones independientes.
Además, afirmó que el procedimiento definido en la ley orgánica de las garantías de jurisdicción no se aplicó y no se aplicó para determinar la cantidad de reparación económica.
El estado dijo que las oraciones no tuvieron en cuenta la justificación de las diferencias salariales que los empleados reclamaron como discriminatorios. Afirmó que estas diferencias no son el resultado de una decisión arbitraria y discriminatoria, sino que corresponden a la tabla salarial para funcionarios y empleados de la corporación de acciones, que se aprobó después de la creación de Petroecuador y el cambio de estructura.
El tribunal constitucional verificó los argumentos y las acciones de los jueces. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que los jueces causaron errores injustificados al no observar la ley orgánica de las garantías de jurisdicción.
Por lo tanto, el CC envió el archivo al fiscal público para investigar y determinar si hay suficientes elementos para configurar el presunto crimen de los jueces anteriores y de otros posibles.
Para los 96 trabajadores involucrados, el tribunal ordenó que tenían que restaurar el dinero que calcularon en tres meses.
La declaración indica que Petroecuador en caso de que los valores no se devuelvan para hacer las medidas colectivas que consideran relevantes para recalcular todos los recursos pagados de acuerdo con las oraciones de casos anteriores.
En este sentido, el CC descubrió que la corporación de acciones debe informar a esta agencia sobre el cumplimiento de esta medida cada trimestre. (I)
