La propuesta del presidente de abolir la asignación de fondos públicos para las campañas electorales pasó el filtro del Tribunal Constitucional. La votación dentro de este organismo fue muy reñida, con cinco votos a favor y cuatro votos a favor (que en la práctica son en contra). Este es un dato que hay que tener en cuenta ya que expresa lo controvertido y complicado que es el tema a nivel jurídico y presagia cuál será el debate en el ámbito legislativo. Lo que se avecina ahora es la disputa política que se ve ensombrecida por legalismos y apelaciones insustanciales.
El escenario en el que se dará este tira y afloja no es el más propicio para alcanzar una solución que pase por fortalecer dos componentes básicos de la democracia, como son los partidos políticos y las elecciones. No es que, al realizarse en plena campaña electoral, sea imposible que su tratamiento esté exento de polarización y cálculos cortoplacistas. Tanto el presidente como la mayoría de los diputados ya se presentan como candidatos para esta campaña electoral y esta cuestión los afianzará aún más en este estado. Si poco o nada se puede esperar de ellos en los raros momentos en que los cálculos electorales son erróneos, es ingenuo suponer que pueden estructurar un debate guiado por objetivos de mediano y largo plazo.
Un debate con temas relevantes y relacionados
En sí misma, la propuesta presidencial huele inequívocamente electoral, porque es una manera muy inteligente de aprovechar la ola de la antipolítica. El rechazo a los partidos, alimentado por gran parte de los medios de comunicación y especialmente por las redes sociales, es un sentimiento que recorre todo el espectro de votantes. No hace falta ser un gurú de campaña para afirmar que la respuesta afirmativa, si se sometiera a consulta, estaría muy cerca de todos los votos válidos. No será una votación basada en un análisis del papel que deberían desempeñar los partidos en un régimen democrático, y ciertamente no en una consideración de las implicaciones prácticas que tendría tal medida. La propuesta apela a la parte emocional de nuestro comportamiento que no pesa las consecuencias.
De aprobarse, esta reforma ciertamente impactaría a las organizaciones políticas, pero el mayor impacto se vería en dos aspectos importantes. El primero es aumentar la presencia de dinero sucio en las campañas. Si ya participan en el juego electoral, con la eliminación de las barreras que existen actualmente, tendrían vía libre para colocar a sus candidatos y apoderarse del Estado. A esto se suma el aumento del número de parlamentarios estatales debido al crecimiento demográfico, lo que hará más difícil seguir la ruta del dinero. El segundo aspecto se refiere al impacto sobre el derecho de voto. Al eliminar el artículo relacionado con la financiación gubernamental, todos los artículos relacionados con este tema automáticamente dejarían de ser válidos. Sería una extensión de la reiterada costumbre de parchear la ley, con el ya conocido resultado de convertirla en una serie de disposiciones contradictorias que allanan el camino a la trampa.
La política necesita dinero y la ley actual establece procedimientos para controlar su origen y destino. Deben aplicarse y no suprimirse, como sería el caso de la propuesta. (O)
