La transición energética requiere enormes inversiones públicas (también privadas). Para animarlos, la Comisión Europea está preparando un nuevo cambio en la regulación de las ayudas estatales -será el segundo en poco más de dos años- pero con un matiz importante: «No servirá sólo a los intereses nacionales de cada individuo». 27 Estados miembros e intentarán evitar “una carrera por las subvenciones (entre ellos)”. Así lo anunció el lunes Teresa Ribera, vicepresidenta del consejo municipal y máxima ministra de Competencia de la UE, apenas unas semanas después de que su colega, el canciller alemán Olaf Scholz, pidiera en Bruselas, en plena campaña electoral, una Barra libre “por menos en 2030”. “Lo ideal estaría más lejos”, subrayó el candidato socialdemócrata.
Esto se notará el ex vicepresidente del gobierno español Prefiere hablar de energía o descarbonización que de política de competencia. Amplía más sus discursos cuando habla de cambio climático que cuando habla de reglas de mercado. En este nuevo Ejecutivo comunitario todo es trabajo suyo, siendo el primero más de supervisión y coordinación con otros departamentos y el segundo el control directo y casi exclusivo. Y durante el desayuno informativo Foro Europa en la capital municipal, explicó que su departamento estaba desarrollando cuatro propuestas concretas.
El primero abordará la regulación de las ayudas estatales. Ya a principios de 2023 se produjo un cambio muy sustancial para afrontar los retos del cambio climático. Pero dos años después, a medida que crecían las preocupaciones en Bruselas sobre la falta de competitividad de la economía europea y la cantidad de dinero necesaria para gestionar la transición energética, parece que este cambio no ha sido suficiente. Ribera explicó que está trabajando en un nuevo marco regulatorio «para acelerar las inversiones en energías renovables y la descarbonización industrial, asegurar suficiente capacidad de producción de tecnologías limpias y evitar el despilfarro de una carrera de subsidios».
Esta última parte –así como la advertencia de que la reforma “no sólo sirve a los intereses nacionales”– oculta la advertencia de que la competencia tiene la obligación de garantizar que las ayudas estatales no destruyan el mercado interior. Cada vez que se abre este debate, los países más pequeños y los países en peores posiciones fiscales dan la alarma de que estas medidas favorecen a los estados grandes (Francia y Alemania) y a aquellos con mayor espacio fiscal (nuevamente Alemania). Y Berlín en particular, o más bien el candidato socialista, para repetirlo, ha pedido más margen de maniobra, aunque su país ya es en general el que distribuye más dinero público para sus empresas en la UE.
Otro de los objetivos de Ribera es «promover la colaboración entre empresas para iniciativas verdaderamente ecológicas, proporcionando orientación rápida (…) sobre la compatibilidad de sus proyectos con los estándares de la UE, es decir, cuando dos empresas tienen algún tipo de iniciativa que proponen». sabrán rápidamente si esto puede aplicarse legalmente en la Unión para tener seguridad jurídica sobre sus inversiones. El comisario español también se refirió a la revisión de las normas sobre fusiones y adquisiciones para “dar el peso adecuado a la innovación, la inversión y la fortaleza de las cadenas de suministro”. Esta recomendación apareció como una prioridad en el informe Draghi, que ayudó a redactar el actual jefe de gabinete de Ribera, Miguel Gil.
El último proyecto concreto está relacionado con una de las prioridades anunciadas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen: “simplificación” o reducción de la carga administrativa de las empresas. En el caso concreto del concurso, este punto se trata de “simplificar y acelerar nuevos proyectos de interés europeo”, afirmó el vicepresidente.
Además de estos elementos, Ribera también afrontará en los próximos años la batalla que Bruselas está librando con las grandes tecnológicas, casi exclusivamente americanas, para asegurarse de que cumplen las reglas del mercado europeo. En este sentido, y si cree que podrían verse perjudicados por la llegada al poder este lunes de Donald Trump, con quien estas empresas se han acercado, ha apuntado que las normas de competencia sirven para proteger a los consumidores, gobierne quien gobierne.
En el turno de preguntas del desayuno informativo y posteriormente ante la prensa, Ribera respondió a cómo está afrontando la UE la llegada del republicano a la Casa Blanca, rodeada de amenazas de subidas arancelarias e incluso llamados a la anexión de la gran Groenlandia. isla del Atlántico Norte, que pertenece a Dinamarca, pertenece a un Estado miembro de la Unión. “Siempre estamos abiertos a construir relaciones basadas en la colaboración, no nos gusta el enfoque de confrontación”, señaló.
