En las últimas décadas, el debate sobre el papel del sector público, particularmente en los países desarrollados, ha sido intenso, lo que ha llevado a cambios de enfoque y ajustes de políticas. Los procesos de privatización de empresas públicas o la generalización de reglas fiscales son dos buenos ejemplos. Pero eso no fue todo. Lo que hemos experimentado en lo que va de siglo nos ha recordado la importancia de contar con herramientas de respuesta rápidas y efectivas ante shocks extremos, ya sean de naturaleza financiera como la Gran Recesión; Seguridad y defensa contra el terrorismo internacional y conflictos bélicos inesperados; o la salud pública, como la pandemia. Además, existe un nuevo consenso en que la globalización debe complementarse con herramientas que aseguren la autonomía estratégica y nos permitan responder a desafíos globales apremiantes como el cambio climático. Todo esto ha fortalecido el papel del sector público y ha contrarrestado la tendencia de revisión a la baja y reducción de tareas defendida por pensadores y políticos liberales durante el último medio siglo.
Hoy en día, la importancia del sector público en la mayoría de los países de la OCDE se encuentra aproximadamente en su máximo histórico, independientemente de si estos indicadores son financieros o regulatorios. Finalmente, surgen nuevos desafíos que requieren nuevas respuestas. Al cambio climático ya mencionado se une la digitalización en el sentido más amplio, la globalización y el envejecimiento de la población.
Este escenario general es particularmente cierto en el caso español, ya que hemos tenido poca orientación reformista en los últimos 25 años y algunos de los problemas mencionados nos afectan más que la media. En consecuencia, nuestra agenda de próximas reformas del sector público es ahora amplia. En particular, necesitamos revisar a fondo el sistema tributario; Mejorar significativamente la eficiencia del gasto para dar cabida a la demanda adicional en defensa, vivienda o investigación, desarrollo e innovación; redefinir el diseño institucional de España para mejorar su descentralización y asegurar la sostenibilidad financiera que nos exige a los miembros de la Unión Europea y que nos resulta práctico para ganar espacio a medidas presupuestarias y eliminar riesgos reputacionales.
Gran parte de estos temas los hemos abordado en Funcas. A continuación resumo algunas de las conclusiones clave.
En primer lugar, el gasto público de España como porcentaje del PIB se ha acercado a la media europea; aunque todavía está por debajo. Sin embargo, la eficiencia de nuestras administraciones públicas sigue por debajo de la media europea, lo que limita el impacto del gasto en áreas clave como la innovación, la defensa o la vivienda; y el gasto social supera el gasto productivo, lo que determina nuestra capacidad para lograr un crecimiento a largo plazo. Los desafíos demográficos y climáticos están exacerbando esta situación. El envejecimiento de la población está aumentando la presión sobre las pensiones y los servicios de salud, mientras que la transición a una economía descarbonizada requiere una inversión masiva. Por todo ello, España necesita urgentemente una redistribución inteligente de sus recursos que promueva la sostenibilidad económica sin sacrificar el Estado de bienestar. Y en esta tarea es importante impulsar la evaluación y planificación presupuestaria y garantizar que cada dólar gastado tenga el mayor impacto posible.
El sistema tributario español requiere también una revisión exhaustiva para abordar los problemas, revisar las exenciones fiscales y los tratamientos diferenciados, y adaptarse a los cambios del contexto. Si bien los impuestos sobre el capital son similares a los de Europa, los impuestos indirectos y los impuestos laborales son relativamente bajos y las contribuciones sociales altas. Esta estructura tributaria plantea cuestiones de competitividad y sostenibilidad.
Otro aspecto crucial es la gobernanza territorial. España es uno de los países más descentralizados del mundo, pero su sistema de financiación regional tiene importantes fallos. Es esencial revisar este sistema para garantizar la suficiencia financiera, mejorar la autonomía fiscal y promover una cogobernanza efectiva. A nivel local, la fragmentación municipal sigue planteando una barrera a la eficiencia y la equidad en la prestación de servicios. Promover fusiones municipales y una mayor cooperación intermunicipal podría ser un camino viable, aunque políticamente desafiante.
En última instancia, el éxito de estas reformas depende de un consenso político amplio y sostenido. Los retos a los que se enfrenta el sector público español no son pequeños, pero tampoco insuperables. Abordarlos con determinación y visión estratégica no sólo fortalecerá la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que también sentará las bases para un crecimiento sostenible y equitativo en las próximas décadas.
Santiago Lago Peñas es Catedrático de Economía Aplicada de la USC y Economista Senior de FUNCAS
