Pablo Rodríguez (Telde, Gran Canaria, 43 años) es ministro de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias. Vive en una casa de su propiedad en su ciudad natal, donde entró en política como concejal de urbanismo. En 2017, durante el primer mandato de Fernando Clavijo como presidente regional, fue nombrado vicepresidente cuando su partido, Coalición Canaria, declaró roto el pacto con el PSOE y empezó a gobernar en solitario. En 2023, los nacionalistas volvieron al poder y esta vez la vicepresidencia fue para el PP, pero Rodríguez añadió a sus funciones en el gobierno anterior la patata caliente de la vivienda. Un asunto, afirma, en el que la intervención gubernamental está más que justificada.
Preguntas. ¿Qué ha aprendido de su experiencia municipal en la gestión de la política de vivienda?
Respuesta. Para darle cara a un problema que ahora es el principal problema en Canarias y que afecta a muchas familias. Puede que hace dos décadas hubiera afectado principalmente a los más débiles y a los más jóvenes, pero hoy es un problema arraigado en toda la sociedad. Y la política local está bañada en la realidad.
PAG ¿Cuáles son las mayores emergencias en este momento?
r. El gobierno de Canarias declaró al inicio de esta legislatura que el alojamiento era de emergencia. En febrero de este año declaramos por decreto la emergencia habitacional en Canarias. Se ha convertido en un problema generalizado en todas las islas. Y estamos asumiendo el mayor compromiso jamás asumido en la historia al abordar primero herramientas que nos permitan articular y movilizar la vivienda pública. en segundo lugar, la naturaleza protegida; y la vivienda en general ocupa el tercer lugar. No es un problema nuevo, pero sí multifacético y no existen sólo una o dos herramientas para solucionarlo.
PAG ¿Qué tipo de instrumentos son estos?
r. Prácticamente no se ha construido vivienda pública en la última década y media. Hemos hecho grandes esfuerzos allí durante los últimos 12 meses y hemos construido más de mil viviendas sociales en todas las islas. Es un buen equilibrio, pero somos conscientes de que necesitamos multiplicar esta cifra. Y también somos conscientes de que no es sólo la vivienda pública la que responderá a la escasez de vivienda. Por eso también hemos adoptado una serie de instrumentos para alentar al sector privado a construir viviendas protegidas.
PAG ¿Cómo atraerán a la industria?
r. Varios incentivos tienen que ver con la gestión de la tierra. En muchos casos se facilita la conversión de suelo de uso turístico a uso residencial, asegurando una reserva de vivienda protegida. En otros casos, los edificios existentes se convierten en viviendas, reservándose la mitad para viviendas protegidas. Estamos en islas donde gran parte de su territorio está protegido, el uso del suelo es muy limitado y los planteamientos se basan en edificaciones construidas o en suelo no urbanizable y urbanizable. Y por último movilizar las casas que ya existen y están cerradas. Insisto: no hay precedentes en Canarias de tantas herramientas y medidas, sabiendo muy bien que no existe una varita mágica y que no existe una medida única que represente la panacea.
PAG ¿Existen zonas de tensión de precios en Canarias?
r. La declaración de emergencia habitacional es una declaración de que toda Canarias está bajo tensión. No encuentro ningún matiz que distinga una zona contaminada de una zona designada como problemática habitacional. Probablemente hablaremos de cosas muy similares. Lo que entonces implica uno y otro es lo que podríamos empezar a discutir, pero la proclamación de una zona de estrés en sí misma no es un objetivo, es una declaración para tomar ciertas acciones de manera urgente, extraordinaria, extraordinaria.. Y lo que debemos hacer. lo que hemos hecho al declarar la emergencia habitacional es autorizar una serie de medidas extraordinarias.
PAG ¿Pero no piensan en las fórmulas que proporciona la ley estatal?
r. Ningún ayuntamiento de Canarias ha solicitado la designación de zona contaminada con los informes preceptivos asociados. La ley prevé medidas específicas para esta zona y te hemos explicado las medidas específicas para todas las Islas Canarias. Parece que la idea es simplificarlo todo poniendo un tope al precio del alquiler, y eso no es lo único.
PAG Rechazas los topes de alquiler, ¿verdad?
r. No estamos de acuerdo. Si alguien justifica que limitar el precio del alquiler en una zona contaminada facilitará el acceso de los ciudadanos a la vivienda, lo defenderemos. Pero a priori la experiencia ha demostrado, y creo que en este sentido hay varios informes, que la oferta es reducida. Y no queremos limitar la oferta.
PAG Pero la publicidad es lenta. ¿Qué sugieres a corto plazo?
r. Tenemos más de mil casas en construcción y podemos entregar las llaves a partir de 2025 y 2026. Eso mejorará la situación. La remodelación de un edificio tiene un tiempo de ejecución mucho menor que la construcción; y también la movilización de pisos vacíos. Estamos explorando una vía de colaboración público-privada con agentes inmobiliarios y aseguradoras para garantizar la renta y que los agentes la comercialicen. El gobierno de Canarias garantizaría el alquiler y fijaría las condiciones del precio.
PAG También están considerando restringir las compras por parte de extranjeros.
r. Si hay una zona sensible que tiene condiciones para solicitar una exención en el marco de la Unión Europea es Canarias, al ser una región insular ultraperiférica. Hemos encargado varios informes para justificarlo, con el objetivo de limitar el número de no residentes. Hay datos de los últimos años que hasta un tercio de las compras de vivienda las realizan no residentes. Esto tiene un gran impacto en la oferta y la demanda. Por tanto, incide en el problema de la vivienda.
PAG El PP, su socio de gobierno, suele criticar el intervencionismo en materia de vivienda. Y esta medida es clara…
r. Prácticamente todas las medidas que hemos adoptado en los últimos años son de carácter intervencionista. Intervenimos en el mercado. Cuando aprobamos ayudas al alquiler para fomentar la oferta o estimular la demanda, intervenimos; y cuando hablamos de crear restricciones, entonces también. No podemos hablar de vivienda como un elemento exclusivamente de economía de mercado. Creo que esa es la clave del asunto. La vivienda es un derecho constitucional, consagrado en nuestro Estatuto de Autonomía, y es crucial para construir un proyecto de vida. Así que si hay un elemento que justifica precisamente todas estas medidas es que la vivienda es más que un simple mercado. Es un derecho que tienen los ciudadanos.
PAG ¿Qué hacemos con los apartamentos turísticos?
r. Si hablamos de que la oferta de vivienda es limitada, una parte de esta vivienda se ha destinado a viviendas vacacionales. El gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa una regulación sin precedentes. La nueva ley que se debate en el Parlamento de Canarias fijará un tope para cada localidad, probablemente del 10% del número total de pisos. En muchos municipios se supera este límite y los municipios tienen que definir sus propias normas y zonas.
PAG ¿Y le darán a la inspección más poderes de control?
r. Debido a que existen responsabilidades compartidas entre ayuntamientos y ayuntamientos, necesitamos dotarnos de más recursos. También hay un cambio muy importante: además de la declaración responsable para solicitar alojamiento turístico, se deberá incluir documentación técnica adicional para garantizar la protección del usuario turístico y vecinos. No estamos en contra de las vacaciones, es un elemento más que contribuye a nuestro destino. Debemos asegurarnos de que esto no denigre ni perjudique el destino de viaje ni obstaculice a la población local en su búsqueda de alojamiento.
PAG ¿Qué políticas está desarrollando Canarias que otras Comunidades Autónomas podrían copiar?
r. Hay políticas que aprobamos en febrero de este año que ya han sido aprobadas en otras comunidades. Por ejemplo, rediseñar el uso del edificio. Como estamos mirando constantemente, no puedo negar lo que están haciendo todas las comunidades autónomas en materia de vivienda, y no sólo en España.
PAG ¿Sería aconsejable un pacto de Estado? ¿Por qué a veces parece tan difícil llegar a un acuerdo sobre vivienda cuando todo el mundo está de acuerdo en que es un problema importante?
r. Hay temas que considero política de Estado. La vivienda tiene que convertirse en una de esas cosas y tiene que ser una cuestión que supere las diferencias partidistas. En Canarias se aprobó por unanimidad el actual plan de vivienda, que finaliza el próximo año en 2026. Empezamos a hablar del siguiente. Lo que se hace en Canarias también se podría hacer en el estado. Es cierto que, incluso desde la distancia, hemos logrado distanciarnos bastante de la política polarizada que vemos todos los días en el Congreso.
