McDonald’s Corporation inició un juicio el 11 de enero de 1981 contra una de las pioneras del negocio de comida rápida en el país. La demandada fue la señora Olga Romero de la Torre, quien en 1973 –tras su regreso de Estados Unidos- abrió un negocio de comida rápida bajo el nombre de “McDonald’s” en alusión a la cadena internacional.
Según relatan los del Estudio Jurídico Quevedo & Ponce, encargados del litigio, la demanda de McDonald’s Corporation planteaba el cierre de los 11 locales que la señora Romero de la Torre abrió con el nombre de la transnacional, y una condenada con pago por daños y perjuicios.
Finalmente, la sentencia a favor de McDonald’s Corporation ordenó a la demandada abstenerse de utilizar el nombre comercial de la compañía en sus actos de comercio y en sus establecimientos.
Locales Mcdonald’s de Olga Romero de la Torre
El primer local que la señora Romero de la Torre abrió en el país con el nombre de la cadena de comida rápida se ubicó en el Centro Comercial Iñaquito (CCI), en la capital, con una inversión inicial de 10 mil dólares. Según indica el archivo digital de noticias Explored, la razón de llamarlo igual que la transnacional se debió a que la demandada creyó que el negocio original no iba a crecer tanto como para llegar al país.
En 1974, Romero de la Torre inscribió el nombre de Mc Donalds en la Dirección de Patentes y Marcas de aquel entonces y este fue concedido. A partir de ahí, inició su expansión con el que llegó a tener 11 locales en el país.
«No he registrado las pérdidas queme han producido, pero estimo que puede llegar a la cantidad que la empresa estadounidense está solicitando en el juicio, es decir los $320 mil multiplicado por 20», manifestó Romero de la Torre en ese tiempo.
Leer también: Rapidez, calidad y precio: la historia de McDonald’s
Termina un litigio de casi tres décadas
El seis de mayo del 2008 terminó el litigio que duró 27 años. La sentencia falló a favor de McDonald’s Corporation en la antigua Corte Nacional de Justicia, donde se condenó a Romero de la Torre a pagar por daños y prejuicios, tanto económicos como morales, a la transnacional.
Sin embargo, se limitó el pago a $370, ya que la Corte Nacional de Justicia consideró que el monto establecido al inicio del juicio tenía que mantenerse en dólares al tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar y no de 25 sucres por dólar que era vigente en 1981.
