Ir empleados públicos Comenzaron el año con salarios congelados e incertidumbre sobre su atención médica por las dudas sobre el concierto de Muface. Las discrepancias entre las aseguradoras que prestan los servicios, Adeslas, Asisa y DKV, y el Gobierno amenazan el futuro de la mutua que gestiona la asistencia sanitaria de casi dos millones de funcionarios y sus familias.
Las dificultades del ejecutivo de Pedro Sánchez para acordar los presupuestos generales del Estado para 2025, un proyecto que debería haber entrado en vigor con el nuevo año, han retrasado la reevaluación de los sueldos de los funcionarios este año. De esta forma, los empleados públicos empezarán 2025 con los salarios congelados, como ya hicieron el año pasado. Luego, a mediados de año, la junta acordó la subida acordada para que el grupo no perdiera poder adquisitivo. El año pasado el gobierno acordó un aumento inicial del 0,5% del total de sueldos y salarios Cuando se cumplió una de las condiciones del acuerdo de revalorización salarial, se anunció públicamente que el PIB había crecido más de un 2,5%. Tras la confirmación del Instituto Nacional de Estadística, el Consejo de Ministros subió el suplemento. Cuando el poder ejecutivo tomó la decisión en junio de renunciar al presupuesto de 2024, aprobó una revalorización del 2% para los empleados públicos. Aunque el aumento se produjo a principios del verano, el aumento salarial se aprobó con carácter retroactivo a partir de enero de ese año. El Ministerio de Finanzas ya ha prometido aumentar el monto a finales de este año una vez que se aclare el horizonte presupuestario.
Además, se espera que este año la Mesa de la Función Pública, que incluye representantes de los funcionarios públicos y del Ministerio de la Función Pública, negocie una nueva vía de mejora para los próximos años. En el anterior trienio, entre 2022 y 2024, los bancos centrales acordaron aumentos acumulativos de casi el 10% para evitar pérdidas de poder adquisitivo en medio de la crisis inflacionaria. Sin embargo, el sindicato mayoritario de la Administración General del Estado, CSIF, calcula que los trabajadores de la administración pública han perdido un 6% de su poder adquisitivo durante este periodo. Por ello, la organización que preside Miguel Borra ha solicitado, entre otras cosas, que el ministro del sector, Óscar López, negocie lo antes posible la subida salarial, la supresión de la cuota de reposición y una nueva oferta de empleo público para 2025. . La organización ya se ha puesto en contacto con grupos parlamentarios para presionar al Congreso. Las principales organizaciones sindicales del país, CC OO y UGT, llegaron recientemente a un acuerdo con el Gobierno para restablecer el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos. Y también han llamado a la función pública a negociar este mes de enero subidas salariales para los próximos años.
Además, los funcionarios están a la espera de ver qué pasa con el acuerdo sanitario de Muface, que lanzó la segunda licitación después de que las tres aseguradoras que prestaban los servicios -Adeslas, Asisa y DKV- no participaran en la primera por las pérdidas sufridas. La preocupación del grupo de mutuas aseguradoras Muface es creciente después de que Adeslas, una de las tres aseguradoras del actual acuerdo, anunció públicamente que tampoco participaría en la nueva licitación, aunque las primas se incrementaron un 33,5%. Las otras dos aseguradoras, Asisa y DKV, han dicho a este diario que continúan examinando los pliegos para tomar una decisión al respecto, para lo que tienen hasta el 15 de enero. De hecho, Asisa ha admitido que está explorando la posibilidad de participar en solitario.
Muface ha informado a los mutualistas por correo electrónico de que pueden solicitar la modificación de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas entre el 1 de enero y el 31 de este mes.
A partir de la entrada en vigor del nuevo convenio y hasta la fecha disponible, se abrirá un segundo plazo para realizar el cambio de servicio autonómico de salud a entidad concertada o entre entidades concertadas a las que se adjudica el servicio. Al no haber ningún nuevo acuerdo, el plazo para seleccionar una aseguradora deberá posponerse a una segunda fecha.
El sindicato CSIF ha decidido acudir directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para resolver la crisis de Muface, temiendo que la licitación pueda cubrir la salud de 1,5 millones de funcionarios y sus familias ser abandonado de nuevo. La organización envió el lunes pasado una carta al titular del Ejecutivo pidiéndole que medie para asegurar la continuidad del modelo de atención de salud de los servidores públicos.
Muface aclara en este correo electrónico que “la continuidad de los servicios está plenamente garantizada hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo”. Las aseguradoras interesadas tienen hasta el 15 de enero para presentar sus ofertas para la segunda licitación del nuevo contrato para los años 2025-2027.
