El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, informó que el nuevo impuesto a la compra y venta de vehículos usados, creado en la Ley Orgánica para mejorar la recaudación mediante el combate al lavado de dinero, es calificado por el gobierno de “anti-”. pillos” generaría hasta 80 millones de dólares en ingresos por año, según “algunas estimaciones básicas”.
El funcionario confirmó la posición del gobierno de que el objetivo del impuesto no es recaudar más, sino establecer un mecanismo de control sobre la compra y venta de vehículos usados, cuyas actividades se sospecha que están relacionadas con el lavado de dinero.
“Esta medida claramente no tiene ningún propósito de encuesta. El objetivo de esta medida es conseguir un mayor control sobre una empresa de la que tenemos poca información sobre cómo funciona en el día a día, pero tenemos avisos al respecto.» En el negocio de (compra-venta), por decir lo menos, mucho dinero ilegal lavado de autos usados”, dijo Vega en una entrevista eventos radiofónicosen la mañana del jueves 12 de diciembre.
Reiteró que el impuesto será progresivo ya que “se centra en vehículos valorados en más de $20.000”. Explicó que sólo un pequeño porcentaje de ecuatorianos posee un automóvil de ese valor o más y que el 82% de las personas no cuenta con vehículo.
La “Ley Anti-Pillo” entró en vigor el 10 de diciembre tras su publicación en el registro oficial por parte del Ministerio de Justicia. El presidente Daniel Noboa envió el texto original de su propuesta original en medio de una disputa política con la Asamblea Nacional, que archivó el proyecto en primer debate.
El nuevo impuesto a la transferencia de vehículos automotores usados para formalizar la actividad elimina el impuesto del 1% establecido en la ley reemplazante de la ley que crea el fondo vial para la provincia de Loja (Fondvial).
La tasa del nuevo impuesto no podrá ser superior al 5% y se determinará de acuerdo con una tabla progresiva publicada en el reglamento, cuya elaboración estará en manos del Servicio de Impuestos Internos (SRI).
La Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (Cinae) ha expresado su preocupación porque la ley no contiene un plan de aplicación progresiva del impuesto, lo que no brinda seguridad jurídica ya que deja margen para modificaciones en cualquier momento por parte de un órgano administrativo. (I)
