España ya tiene la aprobación prevista de los cambios en su plan de recuperación económica. Pero todo tiene su precio: la enmienda aprobada este martes por los ministros de Finanzas de la UE prevé un pago de unos 25.000 millones de euros en el siguiente tramo del plan, el quinto, que incluye la obligación de aumentar el impuesto al diésel. Si el Gobierno no lo hace -en principio antes de marzo- La Comisión Europea propondrá una reducción, por determinaren el importe final.
Días antes de las vacaciones navideñas, el Gobierno envió a Bruselas los cambios que exigía en su programa de estímulo económico y también la petición del quinto pago: unos 16.000 millones en préstamos y otros 9.000 millones en subvenciones. La esencia del nuevo enfoque era que España quería acelerar la recuperación de parte de los fondos que se recaudarían más tarde, proponiendo una evaluación inmediata de los objetivos -en particular de las inversiones- que se examinarían más adelante. Esto afectó principalmente a los préstamos aportados por Madrid en el fondo de recuperación, que ascienden a 83.160 millones. Las subvenciones ascienden a casi 79.854 millones, De ellos, ya se han recaudado 47.960 millones.
Los ministros de finanzas de la UE en el llamado Ecofin han aceptado este cambio. También se recibieron solicitudes similares de Chipre y Grecia.
En el nuevo borrador, España está obligada a completar la reforma fiscal prevista en diciembre. Luego la Cámara de Representantes aprobó varias medidas para incrementar los ingresos tributarios, pero una de ellas fue rechazada, que tenía como objetivo igualar los impuestos por el uso del diésel con los de otros hidrocarburos. El ejecutivo se comprometió entonces a recuperar la iniciativa y así figura en la adenda al plan aprobado este martes.
“Estamos en conversaciones con la Comisión”, respondió el ministro de Economía, Carlos Corpus, quien señaló que el gobierno estaba “adelantando el impuesto a los hidrocarburos con un horizonte relacionado al quinto desembolso”.
La retórica utilizada por el Cuerpo recuerda a la que utilizó cuando España solicitó el cuarto pago. Así que parte del dinero recibido dependía de lo que sucediera con la reforma de las prestaciones por desempleo. Finalmente, después de un primer intento fallido, el gobierno impulsó los cambios en el Congreso casi a regañadientes.
Ahora está pasando algo muy parecido y con protagonistas parecidos. Luego fue Podemos quien rechazó el primer intento de reforma de las subvenciones. También fue la formación morada la que vetó en diciembre la entrada en vigor del impuesto al diésel. Sin embargo, la fragilidad parlamentaria del ejecutivo es aún mayor en este momento que en aquel entonces. Los independentistas catalanes de Junts han suspendido toda negociación con el Govern para poner en marcha cualquier iniciativa y sus votos son necesarios para que se pueda implementar la igualdad fiscal del gasóleo con el resto de combustibles.
Además de los cambios en el plan de estímulo económico, el Consejo Ecofin también aprobó este martes la postura de política fiscal de España -y de otros 20 Estados miembros-. En el caso español, la senda presupuestaria para los próximos siete años, que prevé un incremento medio del gasto neto del 3% anual. Sin embargo, al igual que el plan, esta vía también prevé la adopción del impuesto al diésel, junto con otras medidas que se incrementarán de forma permanente en una cantidad equivalente a dos décimas del PIB, es decir, algo más de 3.000 millones.
