El presidente de Cepyme, Gerardo Cuervo, permite una discusión a su favor en la batalla, que mira al líder del CEOE Antonio Garamendi. Intervino el martes durante la celebración del comité ejecutivo del empleador de pequeñas y medianas empresas María Emilia CasasPresidente del Tribunal Constitucional y Profesor de Derecho Laboral y Seguridad Social. Hizo esto para defender un informe legal que se ha preparado y al que el país tiene acceso en el que defendió la legalidad y la necesidad de cambios legales que recientemente eliminaron la coordinación delegada (con la que un solo votante pudo quitar la votación al mismo tiempo) y abrió un cisma en la organización. La mayoría del comité ejecutivo le pide a Cuerva que revertiera el cambio e incluso lo amenace con acciones judiciales, todo a las puertas de un proceso electoral con alta tensión. Cuervo ha anunciado su intención de presentarse contra los deseos de Garamendi nuevamente, lo que defenderá una candidatura alternativa.

La solicitud de los críticos con Cuerva se concluyó en una carta a Cepyme. Los firmantes exigieron la «retirada inmediata de la reforma de la región de la regalización interna aprobada ilegalmente» y anunciaron que si no se llevaban a cabo, los gerentes, incluidas las medidas legales correspondientes para proteger a los miembros de CEPYM, incluida la aplicación de una precaución para la suspensión inmediata del acuerdo probado «, reserva las medidas legales correspondientes. Coordinación delegada en la que un votante puede dar su participación a otra persona.

Este es un argumento que CASAS, presidente del Tribunal Constitucional, compartió De 2004 a 2010: «La prohibición de ejercer el derecho a votar a través de la representación es un requisito previo para las voces democráticas, por lo que es una actuación tardía que se destina a la regulación interna del Cepym». El magistrado defiende que «la libertad de votar es una garantía injustificada para la estructura interna y las funciones democráticas de las asociaciones comerciales, la constitución española requiere un requisito de que no se cumplan una fórmula de disposiciones legales, legales o regulatorias».

Esto significa que de acuerdo con su interpretación, las regulaciones antes del cambio legal no garantizan la democracia en la organización En nombre de otro u otros votantes que pertenecen a esta o no a la misma organización u organización y sin una frontera en el número de representaciones(…) Con un riesgo grave de cambiar el resultado real de las elecciones. «

En el informe del lado de 15 y la Secretaría General de Cepym, CASAS subraya la diferencia entre los estándares electorales anteriores del Cepym y el de las otras organizaciones de empleadores hermanos como CEO y ATA (de la autoestima). Lo hace a través de un informe sobre la presidencia, que se centra en las próximas elecciones y explica las distorsiones que pueden causar las normas electorales internas, legales y regulatorias en la libertad de coordinación y en las áreas electorales, que permiten una elegancia de voz ilimitada y el resultado de la delegación y la acumulación resultante de voto en una persona. «La corrección de esta regulación reguladora anomal explica sus propuestas para cambiar la regulación de la regulación interna», agregó CASAS.

“La coordinación personal en los procesos electorales es la regla general en la democracia. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho al voto está equipado con garantías desconocidas, incluido su carácter personal y no inattado (…) ”, enfatiza. En su opinión, las reformas de la coordinación delegada estaban «obligadas a adaptar sus estándares organizacionales y el funcionamiento a la constitución, a la ley y la ordenanza sobre el depósito de las leyes de las organizaciones corporativas».

Legalidad de cambio

Además de las necesidades o conveniencia del cambio legal, CASAS también aprecia la validez del cambio legal, que fue cuestionado por la mayoría del comité ejecutivo. «En el acuerdo de la Junta de Directores de CEPYM del 28 de febrero de 2025, no hay un pequeño asomo de la ilegalidad legal para aprobar el cambio en el artículo 13 y 26 del Reglamento de Regimidad Interna. Consultor electoral del Consejo de Estado.

Otro informe legal duró la semana pasada, encargada por Ceypme y Preparado por la oficina de Moreno Catena y VenturiQue también defendió la legalidad del cambio.

Luego puede leer el informe completo del Presidente del Tribunal Constitucional:



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