Una docena de medidas contra una docena. Estas son las propuestas de la oposición y el gobierno se han enfrentado en la última semana como recetas para la crisis inmobiliaria. Una nueva versión del enfrentamiento del PP contra el PSOE y del PSOE contra el PP. Las soluciones puestas sobre la mesa tienen acentos diferentes, algunas incluso pueden parecer contradictorias, pero también hay una base común. Sin embargo, un acuerdo al respecto parece improbable: “Los modelos son completamente diferentes”, afirma Paloma Martín, subsecretaria de Desarrollo Sostenible del PP.
El decálogo del mayor partido de la oposición presentado el pasado domingo en Asturias Se trata del acceso a la propiedad y la promoción de la construcción. De hecho, las primeras medidas incluidas son precisamente la dotación de más suelo edificable, centrándose tanto en viviendas de alquiler asequible como en inmuebles de VPO. El PP no oculta que mira al pasado (acusación que el Gobierno ha repetido toda la semana vinculándola a la burbuja de principios de siglo) y reivindica «el modelo exitoso que nos permite hacer una España». de propiedad”. Propietarios de ochenta y noventa años”. En realidad, la idea de construir viviendas subvencionadas para que la mayoría de la población pueda comprar una casa se remonta al desarrollismo de los años sesenta, fue sostenida por la democracia y fue cortocircuitada por el gobierno. Crisis de 2008.
Sin embargo, el PSOE no se opone a la idea de poner a la venta viviendas protegidas. Simplemente no enfatiza este aspecto, que no se menciona en los doce (en realidad trece) compases. que Pedro Sánchez enumeró el pasado lunes. Sí se insiste en reforzar la nueva corporación estatal de vivienda y en que la VPO creada por el Estado mantenga la figura protectora a perpetuidad y no pueda venderse al precio libre. El ejecutivo ya lo ha intentado a través de la ley estatal de vivienda para todas las viviendas financiadas con fondos públicos, pero es uno de los aspectos que el Tribunal Constitucional ha rechazado por tratarse de una competencia autonómica. Los municipios tienen por tanto la posibilidad de inhabilitar las viviendas protegidas que construyan con sus recursos, aunque algunas ya las protegen para siempre, lo que la administración central también hará en el futuro con las suyas propias.
La descalificación es el proceso por el cual una vivienda protegida pierde esa condición y entra al mercado abierto. Ésta es una de las razones por las que, según muchos expertos, España es menos capaz que otros países de afrontar la crisis actual. Aunque durante décadas se han gastado miles de millones en subsidiar la construcción, después de unos años está regresando. Estas casas se vendieron por encima del precio estimado y salieron del parque asequible.lo cual es mucho más raro que en otros países europeos. Esta descapitalización pasó desapercibida mientras las VPO que escaparon del sistema fueron compensadas por las liberadas, pero cuando la crisis de 2008 destruyó la piedra angular, el flujo se interrumpió.
Desde En general se construye poco y, en particular, menos viviendas sociales. El resultado es un enorme déficit, que el Banco de España estimó el año pasado en unas 600.000 viviendas y sobre el que existe un amplio consenso entre los expertos. Y es un diagnóstico que también comparten en cierta medida los grandes partidos. “Tanto el mundo académico como el profesional son conscientes del problema”, afirma el economista Ignacio Ezquiaga. “Y eso se refleja tanto en PP como en PSOE en sus planteamientos sobre la vivienda: la carencia y la idea de que en la gestión del urbanismo no hay herramientas suficientes para combatirla”, concluye el experto.
ley excepcional
La Moncloa no incluyó la ley de suelo entre las doce medidas presidenciales, pero Sánchez mencionó en su discurso la adopción de esta norma, que sería en cierto modo la decimotercera medida de la secuencia socialista. La cuestión aparece como un punto concreto (el octavo) en las propuestas del PP e ilustra bien el enfrentamiento que define las relaciones entre el Gobierno y la oposición, incluso en aspectos en los que sus posiciones parecen cercanas. La redacción básica de la norma se remonta a cuando gobernaba Mariano Rajoy, y el PSOE, con algunos cambios, la llevó al Congreso en mayo del año pasado, creyendo que el partido de Núñez Feijóo la apoyaría, tal y como exigía la patronal.
La ley pretende fundamentalmente corregir el hecho de que cualquier error en la elaboración destruye todo un concepto de planificación urbana y conduce a un nuevo comienzo. Los expertos dicen que esto encarece la vivienda porque requiere períodos de tiempo muy largos para completar un nuevo desarrollo. Y existe consenso en que la solución es no dejar que el proceso se paralice cuando hay problemas solucionables (por ejemplo, un informe faltante) y dejar que se ejecute en paralelo con la resolución de problemas. Sin embargo, esto está provocando reticencias entre algunos de los socios parlamentarios del PSOE, y el PP tuvo claro que aceptar la norma suponía un salvavidas para Sánchez. El poder ejecutivo, Ante la posibilidad de una derrota parlamentaria, retiró la leycuya aprobación aún está pendiente.
Para Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Españoles (APCEspaña), la ley de suelo es “algo que grita al cielo”. «Es sumamente necesaria y es una ley muy técnica, nada ideológica», pero cree que no avanza por «otros problemas». “Entramos en el terreno de la política y el sector privado no puede hacer otra cosa que pedir aprobación”, señala el responsable de la patronal, que pide un consenso más amplio: “Ambas partes están de acuerdo en algunos puntos”. No estaría mal si llegáramos a un acuerdo y hubiera algún tipo de pacto de Estado para la construcción de viviendas”.
Para los expertos no es necesario llegar tan lejos. Ezquiaga repite la fórmula expresada por la ministra Isabel Rodríguez en una entrevista radiofónica esta semana cuando pidió al menos “un alto el fuego”. “Eso no está mal”, dice el ex banquero, “al final la tregua sería sacar a la luz las cosas en las que estamos de acuerdo y respetar a quien manda, para que si llegan los demás, el camino tomado sea el correcto”. No retrocede.» Paloma Taltavull, catedrática de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, cree que el acuerdo político es secundario cuando se comparte el diagnóstico: «Si coinciden en el «Si estamos de acuerdo en el problema, también puede funcionar bien si unos utilizan una medida y otros otra». Eso sí, cree que las «soluciones concretas» presentadas por las partes son «una estructura de fondo con el objetivo de mejorar la accesibilidad». .» desaparecido.
Nuevos incentivos fiscales
Además del urbanismo y la edificación, el aspecto fiscal es el otro eje importante de los planteamientos propuestos por PSOE y PP. Aquí también nos centramos en varios aspectos. El gobierno está tratando de reforzar algunas soluciones que ya ha puesto sobre la mesa, como los límites de precios, ampliando las exenciones fiscales a los propietarios fuera de las zonas tensionadas (es decir, en las zonas donde el PP gobierna y se opone a esto). (aplicarlos) a cambio de un ingreso que se alinee con el índice oficial. Y también para impedir más inversiones especulativas ligadas a socimis (sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas) y a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes.
En el caso de la oposición, su propuesta consiste en una rebaja fiscal menos focalizada e incluso la recuperación de la deducción por la compra de vivienda habitual. Esta medida desapareció durante los recortes del primer gobierno de Rajoy, pero posteriormente algunos ayuntamientos la recuperaron parcialmente en la parte autonómica del IRPF. Sin embargo, también abogan por abordar el impuesto sobre los actos jurídicos notariados, las transmisiones de propiedad, las herencias y donaciones e incluso «los impuestos que gravan la construcción de terrenos y viviendas».
En cuanto al resto de medidas, hay acuerdo en la necesidad de rehabilitar más viviendas o de dotar de garantías o un sistema de avales públicos para sacar al mercado de alquiler las viviendas vacías (en el caso del PSOE, condicionadas a su alquiler). precios asequibles). Y luego una serie de ideas u omisiones en las que se expresa más claramente el desacuerdo y la retórica de ambas partes sobre este tema. La oposición insiste en la ocupación y derogación de la ley de vivienda “intervencionista”. El Gobierno lo hace controlando el «fraude» de los alquileres temporales, poniendo fin al turismo (algo que la fundación de Feijóo no mencionó, aunque varios alcaldes populares actúan con este espíritu) y utilizando los fondos europeos para fomentar la industrialización de la construcción.
Un enfrentamiento ideológico
La politóloga Cristina Monge subraya que “ambos partidos han entendido que las próximas elecciones se trata principalmente de desarrollar una narrativa fuerte sobre la política de vivienda y desde este punto de vista cree que es democráticamente saludable tener recetas diferentes: “Me parece muy”. Es interesante que finalmente tengamos dos propuestas diferentes que responden a ideas diferentes, como debe ocurrir en democracia». «En ambas se puede ver claramente cuáles son los elementos ideológicos de cada bloque: para el PP, el mercado -y la liberalización agraria, que recuerda un poco a la que hizo Aznar; “El PSOE está recuperando el pulso a la intervención pública y parece que por primera vez se toma en serio el alquiler público”, añade.
También cambia el tono. Más agresivo con la oposición. “En nuestro programa electoral tenemos un pacto estatal sobre la construcción de viviendas. Lo que pasa es que el PSOE está compitiendo radicalmente con sus socios de gobierno”, afirma Martín, que fue ministro de Vivienda de Madrid en la última legislatura. En el Ministerio de Vivienda, en cambio, defienden que “en sólo un año y en el único y exclusivo marco del plan de reurbanización, la Ministra ha realizado más de 800 convenios con ayuntamientos y ayuntamientos que han hecho posible la reurbanización” y acuerdo para la construcción de más de 25.000 viviendas. Y añaden que “el acuerdo o pacto de Estado tendría que ir más allá de un acuerdo puramente parlamentario o político”.
Monge recuerda que, según el CIS, el problema ha subido al primer puesto de las preocupaciones de los españoles. Y en una situación tan aguda no lo ve conveniente un pacto de estado entre los dos partidos principales como “una especie de pacto de la Moncloa para la construcción de viviendas”. Esto significa que todo el órgano parlamentario y los actores sociales y sectoriales han acordado “líneas estratégicas de largo plazo”, teniendo en cuenta los diferentes niveles de administración y también los diferentes acentos ideológicos en las soluciones aplicadas. Sin embargo, tiene pocas esperanzas de que algo así suceda: “Como parece que eso no es posible, al menos deberían ponerse de acuerdo sobre algunos requisitos mínimos”, concluye.
