La Corte Suprema de Castilla y León una vez más interrumpió las iniciativas de Vox para el retiro de financiamiento público para los sindicatos. La justicia instruyó el lunes a la Junta de Castilla y León para pagar al sindicato de trabajadores generales (UGT) los 743,000 euros. Estos subsidios Fueron cancelados en 2023 cuando la ley extrema aún compartía el comando regional con el PP antes de que la coalición se retirara el verano pasado.

La decisión judicial complementa la última semana en relación con las comisiones de los empleados (CCOO) en la misma dirección en la que se determinó que la junta debería pagar 1.23 millones al colectivo El juego. En el caso de UGT, el número recibido es algo más bajo porque aceptaron un subsidio de 494,000 euros que CCoo rechazó. El Secretario Regional de UGT, ÓScar Lobo, sentenció a la sentencia como un «triunfo de los demócratas».

El representante del sindicato fue publicado en Valladolid el lunes para detallar la opinión del TSJCyl en la serie de lo que sucedió con la otra gran unión la semana pasada. Lobo invitó a Juan García-Gallardo, el ex vicepresidente de la comunidad, y Mariano Veganzones, Jefe de Industria, Empleo y Comercio en los dos años de Ultra Law en la Junta. Ambos se sentaron contra la cruzada contra las asociaciones laborales e insistieron en retirar el financiamiento público para los sindicatos entre insultos frecuentes y descalificación.

La justicia ha desglosado esta estrategia y afirma que a pesar de la eliminación de este punto de los presupuestos Castilla y León, se determinó una obligación en las leyes generales. «Es un triunfo de los demócratas, la comunidad y el diálogo social», insistió Lobo. El monto total comprometido fue de 1.23 millones, pero este sindicato aceptó una línea de financiación directa de 494,000 euros hace unos meses, de modo que el monto se reduce, lo que no ha sucedido en CCO, que ha recuperado esta cantidad y ahora ha recibido la obligación de recibir el monto total acordado.

Lobo, como su contraparte Vicente Andrés, influyó en el primer juicio de que las costas de estos procesos judiciales deberían cubrir a Gallardo y Venander «de sus bolsillos» como responsables de estas medidas que han sido reemplazadas por los platos.

Según Lobo, el TSJCyl ha dado las pautas de VOX durante su coalición con el PP en la comunidad. «Complete el círculo y termine el proceso judicial de los sindicatos de clase contra Trimmaker y abusos del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, que fueron pilotados por Veganzenes con el cómplice de Gallardo», agregó en su apariencia. Cuando los extremistas rompieron el pacto, el PP resolvió las buenas relaciones habituales con los sindicatos y con el empleador, que también resistió los enfoques de Voxs.

«Hoy se concluyen dos años de procedimiento judicial en febrero de 2023, y el castigo reconoce que los presupuestos deben contener un subsidio nominativo», dijo la alta posición de la Unión en relación con la «ilegalidad» cometida por Veganzone, que ahora ha sido cometida de una vida política. Las dos declaraciones judiciales que UGT y CCOO dan la razón, dijeron Lobo: «Cierre un escenario negro en Castilla y León». El pasaje de Vox por el Ministerio de Industria, Empleo y Comercio se caracterizó por sus constantes confrontaciones con los sindicatos y sus confrontaciones constantes Con el Ministerio de TrabajoLos dos requisitos formales contra la Junta para sus iniciativas contra el diálogo social y los servicios de mediación comercial.



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