El poder judicial ha permitido el procedimiento. la denuncia en la que Just Eat está demandando a Glovo por competencia desleal, según fuentes conocedoras de la decisión. La empresa de reparto, que a diferencia de Glovo opera con trabajadores subcontratados y no por cuenta propia, presentó la demanda el viernes 29 de noviembre en el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona. Apenas tres días después, el mismo día que surgió la denuncia de Just Eat, Glovo anunció un giro histórico en su estrategia: Aseguró que deja atrás el modelo de falso autónomo y contratará a su personal de reparto. Un día después, el jefe de la empresa dijo Óscar Pedrofue imputado ante los tribunales por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Tal y como detalla Just Eat España en el comunicado en el que anuncia la denuncia, la compañía demanda a Glovo por “competencia desleal al vulnerar las normas y contratar falsos autónomos”. La empresa exige una indemnización total de 295 millones de euros. Este diario se ha puesto en contacto con Glovo para comentar esta admisión a edición, pero ha preferido no comentar por ahora. Como ya avanzó el periódicofue el Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona el que admitió a trámite la demanda.
“En numerosas sentencias, Glovo fue condenado por contratar repartidores como falsos autónomos y violar la normativa laboral. Esto claramente coloca a Just Eat España en desventaja competitiva porque, como exige la ley, Just Eat España emplea repartidores remunerados, lo que genera altos costes adicionales”, añade Just Eat España en su comunicado de prensa. La compañía estima que al contratar falsos autónomos, Glovo se ha ahorrado más de 645 millones de euros en los últimos años, “lo que le da a Glovo una importante ventaja competitiva”.
“Just Eat España fue pionera en el mercado de plataformas Entrega donde opera desde 2010 con más de 2.500 empleados. También fue la primera plataforma en firmar un convenio colectivo de empresa con los principales sindicatos del país en diciembre de 2021”, añadió Just Eat España. Esta empresa no trabaja con falsos autónomos: algunos son contratados directamente por la empresa y otros son empleados de agencias de empleo temporal. El otro gran actor de Entrega En España, Uber Eats ha cambiado de modelo en los últimos años. Ahora opera con empleados y también con autónomos, utilizando un modelo que la empresa considera compatible con el Ley del jinete.
El cambio en Glovo
Glovo anunció el cambio de modelo apenas un día antes del testimonio de Pierre ante el tribunal. Imputado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por su determinación de trabajar con falsos autónomos, a pesar de la legislación que restringe esta posibilidad y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En su comunicado de 2 de diciembre de 2024, la compañía decía: “Glovo ha decidido impulsar en España un nuevo modelo que permita operar con conductores trabajadores. Esta decisión y compromiso se enmarca en su firme apuesta por España y el impulso de la Economía digital”. en el país.» «El cambio de modelo», continuó la compañía, «abarcará todas las ciudades donde Glovo está disponible, actualmente más de 900, y se aplicará a todos los verticales de la aplicación». El nuevo modelo mejorará la experiencia del usuario y el de los restaurantes y entidades colaboradoras con la aplicación en todo el país en todo momento”. Según la compañía, cuenta con 15.000 repartidores en España, sin contar el número indeterminado de estos. cuentas de subcontratación de trabajadores irregulares.
Este periódico ha pedido a Glovo que explique en qué momento se encuentra el cambio de modelo, si ya ha legalizado a los empleados y qué pasos aún quedan por dar, pero aún no ha recibido respuesta.
Un estudio reciente de la Universidad Complutense y CC OO puso de relieve las malas condiciones de los empleados de plataformas en España. Glovo logró los peores resultados: No garantiza que sus trabajadores ganarán al menos el salario mínimo, y mucho menos una remuneración adecuada después de gastos, ni mitiga los riesgos del trabajo, ni proporciona una red de seguridad social, ni condiciones contractuales claras y procedimientos adecuados para tomar decisiones, ni un proceso administrativo justo, ni garantiza la libertad de asociación y expresión de los trabajadores, ni promueve la gobernabilidad democrática, ni evita cláusulas abusivas.
