El acuerdo de financiación única para Cataluñafirmado entre el PSC y ERC, para la investidura de Salvador Illa como presidente la Generalitat significó la creación de una autoridad fiscal propia de Cataluña, que recaudaría todos los impuestos y luego remitiría los adeudados al Estado central. Según un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y elaborado por el experto financiero Alberto García, el acuerdo representaría un retroceso en el rumbo marcado por la Unión Europea y no cumpliría con lo establecido en la Constitución Valera, socio de política fiscal de Ernst Law Firm & Young, quien firmó este documento. Este experto, que fue director general de Impuestos del Ministerio de Hacienda, cree que el traspaso “no sólo no está recogido en el artículo 149” de la Constitución, “sino que, objetivamente hablando, simplemente afecta la eficiencia” del trabajo de la Autoridad Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Esto se debe a que se está consolidando. el acuerdo En su opinión, esto supondría un aumento de los costes administrativos, un impacto en la recaudación tributaria y «un grave daño a la lucha contra el fraude fiscal, así como un incumplimiento de los principios básicos de la administración tributaria». “Deberíamos tener una visión clara y preguntarnos qué beneficio obtendrían los ciudadanos o las empresas de esta fragmentación. Y la respuesta es nada”, afirma el experto.
El autor, que fue consejero de Hacienda del gobierno andaluz durante unas semanas con el PP, destaca el impacto financiación única para Cataluña Esto se debe principalmente a que esta comunidad representa casi el 20% del producto interior bruto de España y más del 16% del total de contribuyentes vinculados a la administración tributaria. Asegura que los anuncios hasta el momento “podrían significar un cambio de modelo de Estado”. “Nos llevaría a un sistema federal que podría plantear graves riesgos en términos de justicia y cohesión territorial y, por supuesto, elevados costes de eficiencia”, añade. Además de comprometer la labor de apoyo a los contribuyentes, “que se verán perjudicados por el aumento de la carga impositiva indirecta y supondrá la interacción con otra administración tributaria”, presuntamente sujeta a “sus propios requisitos regulatorios”.
Para García Valera, este camino contradice no sólo el camino mostrado por Bruselas, sino también el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que pretende “lograr una mayor eficiencia en la gestión del sistema tributario”. integración y coordinación de todas las administraciones tributarias”. “Saldríamos perdiendo si aplicamos mejores prácticas que permitan economías de escala”, afirma en este sentido.
Información y soporte fiscal
En concreto el documento grupo de expertos analiza el posible impacto del acuerdo en dos de las funciones esenciales de la AEAT: la labor preventiva de asistencia tributaria y el control tributario como tal. Respecto a la primera tarea, García Valera señala que interrumpir el flujo de información sin “bases de datos completas e integradas” afecta a tareas como facilitar borradores de declaraciones a los ciudadanos, gestionar programas de ayuda y limpieza de censos, y controlar la correcta presentación de explicaciones o el correcto tratamiento de las retenciones. y pagos fraccionados, tanto para empresas como para particulares.
Aunque la AEAT ha avanzado mucho en el intercambio de información, el experto señala que aún existe “un desfase temporal importante que impide que el sistema alcance la eficiencia que tiene cuando sólo interviene la autoridad estatal”, y pone como ejemplo a la Convenio con el Organismo Autónomo de Financiación Foral de Navarra y concluye que “las posibilidades de gestión del conocimiento para poder trabajar desde una única base de datos no tienen nada que ver con hacerlo a partir de una simple transferencia con una en general”. retraso anual”.
Control fiscal y seguridad jurídica
Según el documento, el deterioro del flujo de información también «obstaculizaría un adecuado control integral de las actividades económicas, por lo que el impuesto de sociedades, el IVA, las retenciones en origen y otros impuestos relacionados con esta actividad deberían ser gestionados de forma integral por la «AEAT». Además, “reduciría significativamente la eficacia de los esfuerzos antifraude”.
También estipula que una transferencia de impuestos a Cataluña afectaría al control que ejerce la AEAT sobre las relaciones sociosociales. “Con una AEAT fragmentada, las operaciones coordinadas a nivel central de la AEAT por el departamento de inspección y habitualmente incluidas en los planes de inspección no podrían realizarse con empresas radicadas en Cataluña”, explica. También pone sobre la mesa el impacto sobre las grandes multinacionales, normalmente coordinado por la Oficina de Fiscalidad Internacional y llevado a cabo en gran parte por la delegación central de grandes contribuyentes.
Según el autor, estos aspectos ponen también en peligro la seguridad jurídica, que «podría verse seriamente comprometida por la aparición de un nuevo actor con criterios interpretativos propios y podría disuadir la creación de empresas que quieran establecerse en España como una empresa ejemplar y única». , y que sea tratado como tal a efectos fiscales”.
Motivación política
García Valera afirma que los motivos para exigir estas competencias de administración tributaria “poco tienen que ver con la eficiencia o incluso con la defensa de la autonomía”. “Por supuesto que parece haber razones exclusivamente políticas que intentan justificar esta medida”, afirma, como el intento de conseguir una mayor financiación per cápita en Cataluña.
El autor basa estos argumentos en una de las máximas del independentismo catalán, a saber, la idea de que esta comunidad “aporta al Estado más de lo que recibe”. “Esta actitud demuestra que no aceptarían, entre otras cosas, los principios constitucionales de solidaridad entre regiones y la garantía de servicios públicos esenciales”, concluye.
