El Tribunal Constitucional (CC) aceptó una medida de protección extraordinaria que presentó a la Corporación Nacional de Electricidad (CNE) para reclamar las condenas de la primera y segunda instancia que reconoció los derechos colectivos a los funcionarios que no cumplieron con un contrato colectivo.
La compañía carecía de casos anteriores de que los empleados tenían que pagar más de 79 millones de dólares estadounidenses que ahora están obligados a devolver el dinero recibido hasta ahora.
La sentencia del Tribunal Constitucional se emitió el 14 de febrero, la portavoz del juez es Karla Andrade. La declaración estipula que el CNNE debe recuperar todos los valores que se pagaron a los beneficiarios de las oraciones que se han dejado sin efecto.
La Compañía debe llevar a cabo de inmediato todos los actos administrativos y/o judiciales disponibles. Con cada beneficiario, la devolución mensual de los artículos correspondientes se puede acordar a través de sus roles de pago e incluso por el tiempo máximo de 36 meses, la sentencia dijo 1788-24 -p/25.
El tribunal dijo que la primera y la segunda instancia en la provincia de Los Ríos, que había emitido las primeras decisiones contra la sociedad, viola el derecho a la certeza legal.
Se afirmó que los dos jueces del Tribunal Provincial de Los Ríos hicieron que los errores injustificados declararan la garantía de jurisdicción para la explicación de la propiedad de los derechos laborales de un acuerdo colectivo en relación con los funcionarios administrativos públicos de CNES.
Se notifica al Consejo Judicial para iniciar el procedimiento que corresponde a los jueces. Además, el archivo se envía al fiscal público para examinar y determinar si hay suficientes elementos para configurar el delito de prevención contra los jueces de la Cámara Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos y el Juez del Multicompetente Judicial Departamento de Los Ríos el Cantón Puebloviejo.
El Compatroller también está disponible para la Oficina del Compatroller para determinar la responsabilidad de la cual tiene lugar.
Entonces el caso fue desarrollado
El caso comenzó en octubre de 2021 con una medida de protección presentada.
En noviembre de este año, el juez de la unidad judicial con sede en el Cantón de Puebloviejo en Los Ríos aceptó la demanda y declaró la violación de los derechos contra la igualdad y no contra la discriminación y la certeza legal. y ordenó que la CNE se comunique con «todos los Petents» que disfrutan de las ventajas del acuerdo colectivo, que se firmó en el Comité de la Compañía de Trabajadores, y que en 15 días la liquidación y el pago de «todos los servicios generados para las actitudes colectivas a todos Se usan petentes. «
El CNNE apeló, pero la apelación fue rechazada en diciembre de 2021 por la Cámara Multi -Competente del Tribunal Provincial de Los Ríos.
En enero de 2022, la compañía presentó una medida protectora extraordinaria contra las oraciones de la primera y segunda instancia. La institución renunció a la acción en unos pocos días.
La Cámara Provincial ordenó que los archivos completos del procedimiento se enviaran al Tribunal Constitucional, pero los CNES existieron en su retiro y exigieron que la decisión de la Cámara de enviar el archivo CC se cancele.
El CNNE reclamó la demanda de que el espacio aceptó y ordenó su archivo. Hasta marzo de 2022, la compañía informó que una ley había sido firmada con el Comité de Propiedad de Trabajadores de CNNE, en el que se hicieron acuerdos para cumplir con la sentencia.
En septiembre de 2022, Richard Gómez y Lizette Pinos pidieron al Distrito Administrativo del Tribunal de Distrito de Guayaquil (TDCA) que comenzara a cumplir las sanciones con el proceso de reparación económica.
En febrero de 2023, el tribunal aprobó y descubrió que el valor que correspondía al CNE era de 79.8 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, la sociedad presentó un recursos de cancelación que fue rechazado.
En abril de 2023, el juez Cnel ordenó el monto especificado por el tribunal dentro de las 48 horas. Sin embargo, la compañía afirmó que el pago de las oraciones de la primera y segunda instancia era sin reservas, por lo que sus efectos se modularon y se les pidió que abandonara el plazo de 48 horas. El requisito no fue bienvenido.
El Ministro de Trabajo, Ivonne Núñez, le pidió a la Cámara Provincial que le informara sobre varios eventos más tarde, en julio de 2024, porque tenía que ser una parte procesal de la sentencia en diciembre de 2021. La Cámara lo impugnó y el Ministro solicitó la revocación del automóvil en respuesta, pero esto también fue rechazado.
El caso llegó al Tribunal Constitucional en agosto de 2024 y cayó al conocimiento del juez Karla Andrade.
Los jueces cambiaron el régimen de trabajo en exceso a 1.795 servidores
El juez Andrade concluyó que los jueces no restringieron las afirmaciones de la parte de participación a la mera revisión.
Esto se resolvió que el CNE tuvo que pagar una reparación comercial millonaria y que las ventajas del acuerdo colectivo, contratos ocasionales, servicios profesionales, auditores internos del compatriota estatal del estado e incluso personas en acceso a la Comisión de Servicio.
Los jueces le permiten beneficiarse de los funcionarios administrativos de contratos colectivos de CNES que están sujetos a la ley orgánica de las empresas públicas (LOEP) si el marco legal que no regula a las empresas públicas no regula la calidad de los trabajadores.
En este sentido, el juez constitucional declaró que el régimen de trabajo de 1.795 servidores del CNE fue entregado al Código Laboral, que «trae implicaciones económicas y legales» para la empresa.
«Las medidas de reparación, que se organizaron en las sanciones controvertidas y el automóvil anterior, afectaron seriamente el control de acción y el estado», concluyó el juez constitucional, cuya opinión fue aprobada por unanimidad con nueve votos.
¿Qué pasará con los abogados y diputados del servidor?
Además de dejar las sanciones de primera y segunda instancia sin efecto, la orden de recuperación de los valores pagados y la investigación de los jueces también ordenó la sentencia del Tribunal Constitucional que el Consejo Judicial comienza el procedimiento correspondiente contra los abogados que patrocinó el sistema inicial de 2021, «debido al abuso de la ley».
Con respecto a los representantes judiciales del personal público, Richard Gómez y Lizette Pinos, el tribunal dejó el derecho de CNE a aceptar efectivamente la responsabilidad civil de ambos. (I)
