En febrero de 1964, el Estado ecuatoriano entregó en concesión a la transnacional Texaco Gulf (adquirido por Chevron en 2001) una extensión territorial de 1.500.000 hectáreas de selva pura amazónica para que explore y extraiga petróleo. Una decisión que, lamentablemente, no tuvo un buen final para los habitantes de esa zona, pues se vertió 18 mil millones de galones de desechos tóxicos en la región.
Para muchas organizaciones ecológicas, como Amazon Watch o El Frente para la Defensa de la Amazonía, este desastre es considerado la peor catástrofe petrolera en el mundo (en el caso de Exxon Valdez, se derramó 11 millones de galones).
El resultado fue, según la Agencia Andes, 1.041 ciudadanos fallecidos con cáncer, la muerte de 24.000 cabezas de ganado, contaminación en varias comunidades indígenas con costumbres ancestrales (desaparecieron los Tetetes y Sansahua), y afectación a la flora y fauna de la selva en general.
Durante 26 años (hasta 1990), la compañía petrolera explotó 336 pozos en la región que comprende las provincias de Sucumbíos y Orellana (Campos Petroleros de Lago Agrio). Pero a la par, dejó 880 piscinas sin protección (su función es contener los desechos que la explotación genera), pues la petrolera jamás usó las debidas prácticas extractivistas, y contaminó las aguas y la tierra de esa zona.
Caso legal de Texaco-Chevron contra Ecuador
Chevron se ha pronunciado con respecto a este tema, y ha sostenido que ha limpiado las zonas del desastre. Incluso manifiestan que tienen estudios científicos que lo avalan, pero las dudas surgen por el documental que la petrolera creó con un contenido que distorsiona las verdades del hecho.
En 1993 inició la demanda contra Texaco-Chevron en los juzgados de Estados Unidos. Treinta mil ecuatorianos presentaron una demanda contra la petrolera por las graves consecuencias de la explotación.
Sin embargo, después de diez años de proceso legal, las cortes estadounidenses decidieron que la empresa debía someterse a las cortes ecuatorianas. Y a partir del 2003, este proceso se ha seguido en Lago Agrio.
El 12 de noviembre del 2013 se aprobó la sentencia condenatoria de la Corte Provincial de Sucumbíos. La petrolera Chevron fue condenada a pagar más de 9.500 millones de dólares por los daños que ocasionó en la Amazonía. Pero aún con esto, la trasnacional inició un juicio en EE.UU acusando a los demandantes afectados de ser extorsionadores bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
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