La creación del mercado de carbono se atribuye a la existencia del Protocolo de Kioto, cuyo objetivo es la reducción de gases de efecto invernadero –GEI- mediante la determinación de límites de emisiones de gases por países e industrias. El objetivo del mercado es que los países e industrias que excedan sus límites de emisión puedan comprar las reducciones logradas por otros, sin sobrepasar el nivel global de emisiones deseado, a diferencia de castigar o prohibir la emisión. En la práctica, el mercado de carbono pone un precio al CO2. Si se quiere “contaminar”, se debe comprar ese equivalente a una empresa que haya reducido el mismo nivel de contaminación. Este sistema por lo tanto beneficiaría a las empresas que logran efectivamente reducir sus emisiones por debajo de sus límites permitidos, creando un incentivo monetario para cumplir esta meta. A nivel global las emisiones se reducirían, sin afectar de forma negativa la producción en los países industrializados.
Las reducciones de emisiones se miden en toneladas de CO2 equivalentes, las cuales representan un “certificado de reducción” o “bono de carbono”. Estos bonos son comercializados a través de bolsas de valores o directamente entre comprador y vendedor. El precio de estos bonos depende de la oferta y demanda de los mismos, que está directamente relacionada con la coyuntura económica de los países emisores y las regulaciones vigentes.
El primer periodo del protocolo concluyó en el 2012, dejando muchas dudas sobre su efectividad. Muchos de los países firmantes no cumplieron con sus objetivos de emisiones, lo que hace que el impacto global sea menor. Por otro lado, los países que no firmaron el protocolo o que no tenían objetivos de emisiones, han aumentado considerablemente sus emisiones (por ejemplo China y Estados Unidos), por lo que al final las emisiones globales han aumentado.
En el aspecto financiero, el mercado entró en el 2012 en una recesión profunda. En lo que respecta a los Certificados de Reducción de Emisiones –CER-, el precio de los certificados en 2013 llegó a menos de 1 euro por tonelada de CO2, cuando el promedio histórico durante el primer periodo (2008-2012) era de aproximadamente 6 euros. La fuerte caída se debe a la incertidumbre sobre nuevas regulaciones y principalmente por una sobreoferta considerable de bonos de carbono que no encuentran comprador. A raíz de esto, muchos inversionistas se han retirado del mercado. Adicionalmente, la Unión Europea ha puesto restricciones para la utilización de bonos de carbono emitidos en países que no sean LDC (least developed countries), disminuyendo de esta forma aún más la demanda de bonos de carbono provenientes de países como Ecuador.
En la Convención de las Partes 18 en Doha en diciembre de 2012 se ratificó un segundo periodo para el Protocolo de Kioto (2013-2020), lo que tranquilizó en algo a los mercados financieros (al menos saben que el mercado seguirá existiendo). Sin embargo, la recuperación de los precios es lenta y la demanda por nuevos bonos sigue siendo baja (existe sobreoferta de más de mil millones de bonos hasta el año 2020).
El problema más grande es que si los precios por los bonos son tan bajos, no existe ningún incentivo para países industrializados de disminuir emisiones o buscar nuevas tecnologías. Siempre va a ser más barato compensar las emisiones con bonos de carbono, muchos de los cuales ya están comprados mediante opciones futuras. Adicionalmente, para los países como Ecuador no existen ya incentivos para la implementación de tecnologías limpias, debido a que las ventas de bonos de carbono estarán por debajo de los costos de transacción (certificación, validación, registro de emisiones, etc).
En conclusión, el mercado de carbono en la actualidad no representa una alternativa atractiva para impulsar proyectos de reducción de emisiones, tanto en Ecuador como en los países desarrollados. Al igual que los demás mercados de capitales, es necesaria la intervención de los gobiernos de las naciones para regular y estabilizar el mercado a través de la recompra por parte de los estados del exceso de bonos, aumentar los objetivos de reducción de emisiones en países desarrollados y establecer mecanismos claros para los procesos de certificación. Otro aspecto que sería de vital relevancia sería incluir en los compromisos a países como Estados Unidos y China, esto sin embargo parecería que fuera la tarea más complicada, pues depende de las decisiones soberanas de sus gobiernos.
