Telefónica seguirá siendo el operador responsable en España hasta el 31 de diciembre de 2026 la prestación de un servicio universal de telecomunicaciones Según anunció este miércoles la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ninguna empresa participó en el concurso público de este servicio.

Tras el informe positivo de este organismo, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, mediante orden ministerial, encomendará directamente a Telefónica la gestión de este servicio por un periodo de dos años. Este es ahora un procedimiento común, ya que todos los concursos anteriores desde la liberalización de las telecomunicaciones han sido inválidos. Ninguno de los operadores de red está interesado en prestar este servicio porque lo consideran deficiente. Por tanto, es el Gobierno el que debe obligar a Telefónica por decreto a prestar este servicio, año tras año.

El informe de la CNMC sugiere que si bien una licitación sería ideal, El nombramiento directo de Telefónica es adecuado en este momento para asegurar la continuidad de los servicios universal y propone que el Ministerio emita un decreto que establezca las nuevas condiciones que debe cumplir el servicio. “La medida permitirá mantener la conectividad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más remotas donde la viabilidad de las infraestructuras es menor”, ​​afirma la organización que preside Cani Fernández.

El servicio universal de telecomunicaciones garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet y servicios de voz en ubicaciones fijas, independientemente de su ubicación, a precios asequibles y con una calidad especificada. Actualmente, la velocidad mínima de conexión para la descarga está fijada en 10 megabits por segundo (Mbps), pero la CNMC considera necesario incrementar este umbral dada la evolución tecnológica y las necesidades actuales de los usuarios.

En concreto, el último informe de la CNMC propone elevar la velocidad mínima de acceso a Internet hasta los 100 Mbit/s, argumentando que actualmente el 93,3% de todos los accesos activos de banda ancha fija en España tiene una velocidad de al menos 100 Mbit/s, según los últimos datos de diciembre. tendría 2023. El concurso también propone aumentar el volumen máximo de datos para la conexión de banda ancha a través de tecnologías móviles a 45 gigabits (GB) por mes o por Satélite, ya que el programa público Conecta35, también entregado vía satélite, impone un límite de 150 GB mensuales.

La CNMC también señala que es importante definir las condiciones para la prestación del servicio universal, como por ejemplo si la velocidad mínima debe garantizarse en todas las circunstancias, durante la mayor parte del tiempo o bajo determinadas condiciones técnicas de la red. Finalmente, se propone que toda la información sobre el servicio universal (condiciones, tarifas y vencimiento de contratos) esté claramente agrupada y visible en la web comercial de Telefónica.

Desaparición del servicio

La CNMC evalúa anualmente el coste de dar servicio universaly luego se repartirá entre operadores con una facturación anual de más de 100 millones, de modo que en concreto correrá a cargo de Masorange, Vodafone, Digi y Telefónica. La tendencia general en los principales países europeos es que este servicio desaparezca al dejar de ser necesario debido a la fuerte competencia entre empresas privadas.

De hecho, a principios de noviembre, el Departamento para la Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, lanzó una consulta pública sobre si la prestación de servicios universales de telecomunicaciones debería seguir siendo una obligación de servicio público a partir de 2025.

Desde 2023, se excluye de los servicios básicos la obligación de instalar y mantener un número mínimo de cabinas telefónicas. según la población de cada municipio y publicar directorios de telefonía fija, aunque se ha aumentado el requisito de que la velocidad mínima de acceso a Internet sea de 10 Mbit/s.



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