El Ministerio de Energía y Minas informó que un proceso de consulta previa libre e informada sobre el proyecto minero Loma Larga en la provincia del Azuay fue interrumpido la mañana del 11 de enero por “actores políticos con intereses encontrados”. Según la Cartera de Estado, este proceso cumplió con el fallo de la Corte Provincial del Azuay. El encuentro fue coordinado por instituciones gubernamentales y contó con el apoyo técnico constante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este encuentro se desarrollaría en el municipio de Escaleras, municipios de Tarqui y Victoria del Portete en el cantón Cuenca. Según el ministerio, “violan el espíritu de diálogo constructivo y transparente que caracteriza a este mecanismo, en el que funcionarios y vecinos participaron voluntariamente”.

Con más de un año de retraso y una decisión a seguir por parte del Ministerio de Medio Ambiente, el proyecto minero Loma Larga avanza lo más posible.

Esta sentencia, así como otras medidas reparadoras ordenadas por el tribunal, deben ser cumplidas para que el proyecto Loma Larga (antes Quimsacocha), operado por la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM), continúe con sus actividades, que fueron Lo confirma la sentencia del Juzgado Segundo de la Sala Civil y Comercial especializada de Paralizados por la Corte Provincial del Azuay, que dispuso el 28 de agosto de 2023 que se realice una consulta previa, gratuita y pericial en esta comunidad al proyecto minero Loma Larga. Esto ocurrió luego de adoptar parcialmente una medida de protección presentada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, la Administración de Agua Potable de los Municipios de Victoria del Portete y Tarqui, el Municipio de Escaleras y la Autoridad del Agua de la Sociedad de Riego de San Gerardo, contra el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

En la decisión, el tribunal concluyó que el Departamento de Estado “no respetó el contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución” y que “violó los derechos constitucionales previstos en los artículos 411 y 412”, lo que “debe ser así”. . realizó la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución antes de expedir la licencia ambiental para la siguiente fase del proyecto”.

El artículo 398 establece: “Toda decisión o autorización del Estado que pueda tener impacto en el medio ambiente deberá ser consultada con la comunidad, la cual será informada plena y oportunamente. El sujeto de la consulta será el Estado”. La ley regula la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el objeto de la consulta y los criterios de evaluación y objeción de la actividad sometida a consulta.

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Además, “si el proceso de consulta antes mencionado resulta en una objeción mayoritaria del municipio correspondiente, la decisión de implementar o no implementar el proyecto se tomará mediante decisión debidamente motivada de la autoridad administrativa superior correspondiente de conformidad con la ley. «

Además, como medidas reparadoras, el tribunal ordenó que el ministerio presente dos informes: uno completo sobre el estado actual del Área Recreativa Nacional Quimsacocha y otro que aborda la sostenibilidad del ecosistema y el orden de preferencias en uso y explotación garantizados.

En tanto, el Ministerio de Energía y Minas condenó el incidente, que calificó como un “acto de violencia” y aseguró que reitera su intención de cumplir con las obligaciones judiciales y garantizar los derechos constitucionales de las comunidades a ser consultadas.

“El gobierno y la minera canadiense DPM no respetan la expresión mayoritaria del referéndum de Girón y Cuenca”.

Mientras tanto, en un video que circula en redes sociales en el que aparece el exprefecto del Azuay Yaku Pérez, los grupos que se opusieron a esta consulta previa aseguraron que quienes estuvieron presentes para cuestionar la legitimidad del evento, fueron vecinos del municipio de Victoria del Portete. ., quien enfatizó que la reunión debería realizarse en San Pedro de Escaleras. Los vecinos dijeron que el evento se realizaría en un lugar diferente y con un grupo selecto, lo que generó dudas sobre la transparencia de este encuentro.

Sobre sus “engañar a treinta personas empleadas por la minera y ajenas a la comunidad sin respetar la soberanía del pueblo”.

El exprefecto del Azuay llamó al presidente de la República, Daniel Noboa, y a la ministra de Energía, Minas y Ambiente, Inés Manzano, a respetar el artículo 106 de la Constitución y el retiro inmediato de los militares de los municipios de Victoria de Portete y Tarqui. (YO)





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