El Departamento de Trabajo planea convocar a empleadores y sindicatos esta semana para abordar el aumento de trabajadores Salario mínimo interprofesional (SMI) El informe de la comisión de expertos está a su disposición para este año. Después de recibir este informe recomendando un rango alcista –entre 3% y 4% Según ha podido saber EL PAÍS, Trabajo convocará a la mesa de diálogo social a los sindicatos CC OO, UGT así como a las patronales CEOE y Cepyme para discutir con ellos una medida que finalmente quedará sujeta a la decisión del Gobierno.
Como explicó la semana pasada el ministro de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, la intención es convocar a los representantes sociales “inmediatamente después de Reyes”. Aunque Trabajo no quiso dar cifras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reiteró que hay que alcanzar el doble objetivo de que nadie pierda poder adquisitivo, es decir, al menos reflejar la inflación, y que sirve para seguir aumentando hacia el 60% del salario medio en España.
En este punto, Díaz atacó al ministro de Economía, Carlos Cuerpoquien señaló que el aumento del SMI Debe estar “en línea” con el desarrollo de la economía. Los sindicatos ya se han pronunciado a favor de aumentar en torno a un 6% el salario mínimo, que actualmente es de 1.134 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas, superando así los 1.200 euros.
El salario mínimo intersectorial acumula 60 incrementos desde su introducción en 1963 -fue aumentado dos veces durante cinco años y permaneció congelado otros cinco- hasta alcanzar los 1.134 euros en 2024. La subida del SMI para ese año fue fruto del acuerdo alcanzado con los sindicatos, ante la salida de la patronal, y preveía un incremento de 54 euros mensuales, de modo que el salario mínimo anual quedó en 15.876 euros brutos. Desde 2018 (entonces 735 euros), el SMI acumula una apreciación del 54%.
Otras tareas pendientes
Determinar el nuevo aumento del salario base no es la única tarea que enfrenta el gobierno a principios del nuevo año. En los próximos días, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública deberá convocar una mesa de negociación para discutir el aumento salarial de los empleados públicos. En él, los sindicatos piden una serie de mejoras para un colectivo de más de tres millones de trabajadores.
Entonces CSIF pide un aumento salarial del 6% abordar la pérdida de poder adquisitivo que sufre este colectivo de trabajadores en los últimos años e iniciar un diálogo sobre la oferta de empleo público para el próximo año. Todo ello ante el riesgo de convocar a nuevas movilizaciones si no se cumplen estas demandas. La UGT, por su parte, pide el desarrollo paulatino de las pagas extraordinarias íntegras, el aumento de los trienios y el abandono de la negociación colectiva tanto sobre el porcentaje de la masa salarial a destinar a medidas sociales como sobre la posible asignación de fondos para planes de pensiones de empresa.
La ejecución se encuentra en una fase diferente pero igualmente delicada. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas antes de 2025 aprobada por Trabajo y sindicatoscuya aprobación del Parlamento aún está pendiente. Tanto el Gobierno como las asociaciones mayoritarias intentan conseguir el apoyo suficiente del resto de partidos para dar al recorte acordado -se reducirá a menos de 40 horas sin reducción salarial- el apoyo necesario para su aprobación en el Congreso. Aunque las patronales CEOE y Cepyme no han firmado el convenio, éste es clave para su implementación Fuerzas parlamentarias nacionalistas como el PNV y Junts.quienes inicialmente estaban en contra del recorte deciden apoyarlo.
