Con el Decreto Legislativo de la Ley Orgánica para Mejorar la Recaudación mediante la Lucha contra el Lavado de Activos, publicado en el registro oficial desde el 10 de diciembre, los actores de uno de los sectores que incluye esta nueva regulación con un nuevo impuesto, la industria automotriz, analizan la situación y el impacto potencial en las operaciones del sector.
La ley, que el gobierno calificó de “anti-Pillos” y que generó polémica por el anuncio de la Asamblea Nacional de inconstitucionalidad del reglamento presentado por el pleno el 27 de noviembre, impone un impuesto a las compras y ventas de vehículos utilizados para el finalidad de formalizar la actividad de compra y venta de vehículos y elimina la establecida en la Ley que reemplaza la Ley de Creación del Fondo Vial para la Provincia de Loja (Fondvial). Impuesto. La tasa no podrá exceder del 5% y se determinará de acuerdo con una tabla progresiva publicada en las disposiciones de esta Ley.
Para David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (Cinae), le preocupan las consideraciones jurídicas dada la forma en que entró en vigencia la ley, más allá de lo que ordenó el presidente de la República, Daniel Noboa. El registro oficial Es el texto original, enviado inicialmente a la Asamblea Nacional, «que no establece una tabla progresista como tal, como se anunció: que se establecerá un 0,75% para (vehículos) de menos de $». 20.000, 1% (para vehículos de) hasta $50.000 y así sucesivamente”.
Explicó que el texto original aprobado por el Ministerio de Justicia establecía que la tarifa sería establecida mediante decisión administrativa del SRI. Según Molina, si bien el cuadro anunciado se encuadra en este marco, existe la preocupación de que los impuestos deban fijarse mediante ley por seguridad jurídica.
El artículo 11 de la Ley establece que el SRI determina la obligación tributaria con base en los documentos tributarios de los vehículos, la información contenida en los mismos y de conformidad con lo establecido en las normas tributarias aplicables.
“Este impuesto, que afecta a más de 350.000 personas al año, está sujeto a decisiones administrativas. Es decir, hoy podría ser que esa mesa progresista propuesta por el Ejecutivo se discutiera en la Comisión, pero después de un año podría cambiar y empezar una mesa progresiva del 2% al 5% o del 3% al 5%. Es decir, tememos que esto no genere seguridad jurídica para los contribuyentes de este impuesto que son compradores de vehículos usados”, afirmó el titular de Cinae.
Molina también recordó que cuando participó en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional señaló, entre otras cosas, que se trataba de un reemplazo del impuesto que ya existía, aunque destacó que lo más importante es que no hay conexión. entre ellos el nivel de este nuevo impuesto y la lucha contra el blanqueo de capitales.
“Este impuesto en última instancia tiene un mayor impacto en los ingresos que cualquier otro impuesto relacionado con el espíritu de la ley”, dijo Molina. (I)
