El anuncio del Gobierno sobre las tasas del impuesto a la salida de divisas (ISD) para 2025 ha generado preocupación en el sector industrial por un posible aumento de los costos de producción y por ende de los precios finales a partir del segundo trimestre del próximo año.
El ejecutivo propuso que entre enero y marzo de 2025 la tasa de este impuesto, ahora del 5%, fuera del 0% y que a partir de abril fuera del 2,5%. La medida se aplica a materias primas importadas que son “esenciales para la producción de la industria nacional”, señala el comunicado publicado el jueves 28 de noviembre.
También se señala que coordinará con 17 sectores productivos para determinar las subpartidas arancelarias a las que se les aplicará el ISD diferenciado.
En cuanto a los sectores productivos, el Ministerio de Economía y Finanzas manifestó que son los siguientes:
- Alimentos y bebidas
- metalurgia
- Químico
- Acucultura
- proteína animal
- madera
- plástico
- Higiene y limpieza
- linea blanca
- Papel y cartón
- textiles
- banana
- Cerámica plana
- farmacéutico
- pesca
- Flores
- cacao
La tasa ISD aumentó del 3,5% al 5% a partir del 1 de abril de 2024. El presidente Daniel Noboa fijó el porcentaje tras la aprobación de la Ley Orgánica para Combatir el Conflicto Armado Interno, que autoriza al Presidente a modificar las leyes impuestas de manera general, por sectores o por las variables que se toman en cuenta, antes de recibir una opinión positiva del Consejo Rector de Finanzas Públicas. Cuerpo.
En esta ley, el gobierno justificó el anuncio de las nuevas tarifas que se introducirán el próximo año.
Las empresas que importan materiales y maquinaria para su producción han liquidado hasta el momento los montos pagados por el ISD a través de créditos fiscales para el pago del impuesto a la renta, por lo que en la práctica el ISD no ha tenido impacto en la producción.
Sin embargo, el crédito fiscal es válido hasta el 31 de diciembre de 2024, ya que una sentencia del Tribunal Constitucional (StGB) declaró inconstitucional la ley de promoción medioambiental y optimización de los ingresos estatales, que incluía la ventaja fiscal. La sentencia fue dictada en 2022 por violar el principio de unidad de la materia y ordenó mantener la vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2023; Pero cuando terminó la muerte, el tribunal revisó la sentencia y amplió la pena de prisión hasta finales de 2024.
La industria bananera se encuentra entre los que han expresado su descontento con el anuncio del 28 de noviembre. Para el cluster Banano y Plata, que agrupa a cinco gremios del sector, la medida anunciada por el gobierno no fortalece la competitividad de los sectores productivos, como argumentó el ejecutivo.
Por el contrario: “Significaría un aumento en el costo de insumos esenciales para la producción y exportación de insumos esenciales para la producción y exportación, en la práctica esto es un aumento del ISD de 0% a 2,5”. %, que está destinado únicamente a fines de encuesta, ya que se trata de cantidades que el gobierno no ha presupuestado previamente para sus actividades y aumentarían los costos y gastos de las industrias locales”, concluye el cluster.
El grupo destaca que el crédito fiscal incluye 3.800 subpuntos y que el Tribunal Constitucional ha dado al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre para presentar un proyecto de ley que pretende cerrar las lagunas regulatorias.
Según el Servicio de Impuestos Internos (SRI), el Estado recaudó $1.027 millones por el impuesto a la salida de divisas entre enero y octubre de 2024, $110 millones más que el mismo periodo de 2023.
Cuando la tasa ISD se incrementó al 5%, los ingresos aumentaron de $74,68 millones en marzo a $93,97 millones en abril, según SRI.
No fue una sorpresa, pero se espera la lista de subtítulos.
Si bien el anuncio de Carondelet causó malestar, la decisión no sorprendió a los industriales ya que se han sostenido reuniones con autoridades del frente económico sobre el tema. Así lo revela Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industria, Producción y Empleo de Cuenca, quien señala que desde hace aproximadamente un mes y medio se llevan a cabo conversaciones con representantes de los Ministerios de Hacienda y de Producción.
Dice que las empresas han estado presionando desde junio para que el gobierno tome medidas ya que el crédito fiscal expira en enero de 2025, pero esto no ha sido escuchado.
Ahora se espera conocer la lista definitiva de subpartidas arancelarias que tendrán las tarifas proclamadas para el próximo año, para lo cual se deberá emitir un decreto de implementación antes de finales de diciembre.
Robalino aclara que la oferta del Presidente sólo cubre materias primas y no bienes de capital ni recursos operativos, es decir.
Y coincide en que habrá un impacto en los costos de producción una vez que se implemente el 2,5% a partir de abril.
“Técnicamente, es un aumento de los costos de producción. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, el Ministerio (de Finanzas) supone que el próximo año sufrirá pérdidas, algo que, según cree, ya está incluido en el presupuesto. Entonces están reduciendo un monto que podrían recibir el próximo año por la eliminación del crédito fiscal”, comenta.
Dice que las autoridades han propuesto incluir a los productores de energía en los productos con una tasa impositiva del 0%, ya que las empresas quieren importar estos equipos para mantener su producción hasta que se supere la crisis energética. Sin embargo, estos dispositivos no se consideran materias primas.
La Cámara de Industria, Producción y Empleo de Cuenca pide la abolición del ISD, argumentando que desincentiva la inversión y debilita la competitividad de la industria local.
Impuestos cruzados
El impuesto a la salida de divisas se introdujo en 2007 a un tipo del 0,5% y en 2009 aumentó al 2%. Y en 2011 se aumentó al 5% con la Ley de Promoción Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que luego fue declarada inconstitucional. Posteriormente, la tarifa se modificó en varias reformas.
Con la introducción del crédito al impuesto a la renta para compensar el ISD que se paga por la importación de bienes manufacturados, surgieron los llamados “impuestos cruzados”, explica Napoleón Santamaría, analista fiscal.
El experto recuerda que cuando hace años aumentó el arancel, se ajustaron los precios de los productos. “Si llega la reforma del ISD, nadie sabe cuánto ganarán este año o el próximo y si podrán compensar esos valores con créditos fiscales. ¿Qué están haciendo todos? Los precios están subiendo. Cuando se subió el ISD al 5%, los precios ya estaban incrementados. Desde el punto de vista técnico, ahora deberíamos hacer más esfuerzos en el impuesto sobre la renta”. Subraya que es de esperar que se produzca otro ajuste de precios, que al final recaerá sobre los ciudadanos.
Señaló que los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa no tomaron decisiones oportunas sobre el crédito fiscal y su impacto en el ISD, a pesar de estar al tanto del fallo de la Corte. Cree que los proyectos de ley económica presentados por todos los gobiernos en su momento para abordar el problema fueron «en vano».
Ante las reiteradas propuestas empresariales para suprimir el ISD, Santamaría considera poco probable que este Gobierno avance en esa dirección. Por un lado, se señala que la recaudación de este impuesto representa una importante fuente de ingresos para el erario estatal. Y por otro lado, si se aboliera, podría haber una mayor salida de capitales del país que no esté relacionada con importaciones o adquisiciones para la producción. (I)
