Mientras los sectores opositores reiteran que la Asamblea Nacional ya decidió rechazar y suspender el proyecto urgente para mejorar la recaudación tributaria a través de la lucha contra el lavado de dinero, el oficialismo sostiene que la batalla aún no está perdida y analiza las figuras jurídicas que permitir enviar el documento para publicarlo en el registro oficial.
La presidenta de la Comisión de Regímenes Económicos, Nathaly Farinango (ADN), respaldó los comentarios del ministro de Gobierno, José de la Gascaquien afirmó que en primer debate no se puede dejar en suspenso un proyecto urgente y que se analizan varias medidas del Ejecutivo para defender una ley que fortalezca la lucha contra el crimen organizado y “cierre el grifo del narcotráfico y la corrupción y la economía deben terminar”. Impunidad; «Las largas penas de prisión no son suficientes».
Su copresidente Adrián Castro señaló que en ninguna parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que un proyecto urgente puede archivarse en primer debate; Lo único que se permite es negar. Entonces, al atribuir algo que no está previsto en la Constitución y la ley, le han dado la oportunidad al Ejecutivo de analizar los números legales para darle espacio al Departamento de Justicia.
“La lucha no termina aquí. Lo que les molesta es que se haya introducido un pequeño impuesto porque sólo se aplica a la compra y venta de vehículos usados por un valor superior a cincuenta mil dólares”, enfatizó Castro.
Lamentó que la Asamblea se haya negado a discutir una ley que impediría determinadas actividades susceptibles de blanquear dinero, como las de los talleres de coches usados y los clubes deportivos, pero no todas, porque a un grupo de diputados no les gustó que estuviera asociada a un impuesto. al comprar vehículos usados de alta calidad.
En la sesión legislativa N° 985 del miércoles 27 de noviembre, las agrupaciones de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC), la Construye, los Independientes y el Pachakutik reunieron 84 votos para rechazar y archivar la propuesta del gobierno.
El texto de la moción aprobada dice: “Aprobar la resolución que rechaza y archiva el proyecto de ley para mejorar la recaudación tributaria mediante el combate al lavado de dinero, presentado mediante oficio No. T.408-SGJ-24-0424 de fecha 8 de noviembre. 2024, del Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, a la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
Así lo explicó el diputado Jorge Peñafiel, del grupo Construye y partidario de la solicitud aprobada. que la Asamblea tiene 30 días para decidir sobre un proyecto de ley y aceptar, rechazar o proponer enmiendas; Lo que pasó el miércoles pasado es que la asamblea ya decidió en primer debate y el gobierno objeta que no es legal rechazar y archivar un proyecto urgente.
Peñafiel insistió en que el artículo 60 de la Ley Orgánica le otorga a la función legislativa de la Asamblea Nacional la facultad de aclarar el expediente en primer debate; Por lo tanto, “el gobierno se equivoca al argumentar que la declaración de la Asamblea es ilegal”.
Si el Gobierno insiste en enviar al registro oficial la ley urgente para mejorar la recaudación mediante la lucha contra el lavado de dinero, sería sin duda una ley que no contiene todos los elementos y desconocería no sólo la competencia de la Asamblea sino la Constitución que dice. que la Asamblea tiene la facultad expresa y específica de decidir sobre proyectos de ley urgentes. «Eso sería un desprecio por la Constitución y la ley», advirtió.
Carmen Tiupul del movimiento PachakutikPrecisó que la Asamblea había archivado la ley de emergencia porque no podía seguir llegando a los bolsillos de los ecuatorianos, por más títulos que se otorgaran, por ejemplo porque era una ley para combatir el lavado de dinero.
El legislador ha estipulado que una ley que haya sido rechazada y presentada a la Asamblea Nacional no puede ser remitida al registro oficial. “Y al hacerlo aseguraremos que se cumpla el debido proceso, ya que el Presidente de la República tiene todas sus facultades para aprobar las leyes que esté considerando, pero también tenemos que rechazarlas y archivarlas”, subrayó.
El diputado Rafael Dávila (Avanza-SUMA) afirmó que si no se respeta la declaración de la Asamblea rechazando y dejando en suspenso la ley urgente para mejorar la recaudación fiscal mediante la lucha contra el blanqueo de capitales, estaríamos hablando de un golpe de Estado y de una toma de posesión violenta del Presidente, que pasaría por dictador.
Destacó que 84 diputados votaron por archivar el proyecto porque era inconveniente para el país y además inconstitucional porque no había ninguna materia uniforme que la Constitución prohibiera. (I)
