En una reciente encuesta sobre la percepción de la Corte Constitucional, los datos apuntan a una crisis de confianza entre la institución y la ciudadanía. Con apenas un 4,9% de valoraciones «Muy bien», la Corte enfrenta un panorama de escepticismo por parte de la población, la cual parece responder con desdén ante sus actuaciones recientes.
El sondeo de la encuestadora Comunicaliza, que desglosa la aprobación institucional por diferentes sectores demográficos, muestra que la desaprobación se acentúa notablemente en personas mayores y de clases socioeconómicas bajas. Mientras tanto, la juventud y los residentes urbanos de Quito presentan levemente un nivel más alto de aprobación, aunque no lo suficientemente significativos como para contrarrestar la tendencia general.
Este descontento ciudadano se intensifica al considerar los recientes fallos de la Corte en contra de las reformas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, en especial respecto a la ley de extinción de dominio. Las decisiones de la Corte, que han bloqueado iniciativas vistas por muchos como cruciales para la lucha contra la corrupción y la impunidad, han provocado una reacción adversa en la opinión pública.
Fuentes cercanas al debate señalan que estos fallos han generado la percepción de que la Corte actúa como un contrapeso excesivo a las políticas del ejecutivo, percibido por una parte de la población como un freno a las promesas de cambio y a las esperanzas de una justicia más eficaz.
En el actual clima político, donde las acciones del poder judicial están bajo el microscopio, la Corte Constitucional debe enfrentar el desafío de justificar sus decisiones a una ciudadanía cada vez más crítica y demandante de transparencia y eficacia. El futuro inmediato requiere un esfuerzo por parte de la Corte para recuperar la confianza perdida y demostrar que sus decisiones están alineadas con el interés público y la consolidación del estado de derecho.
