Casi un millón de estudiantes en prácticas no remuneradas cotizaron a la Seguridad Social durante 2024. Esto significa que incluso si no recibieron ningún pago, este período contará para su futura jubilación. este nuevo derecho Los becarios están en pleno vigor el 1º día de 2024, incluyendo uno de los elementos de la reforma de las pensiones. Un año después, al 12 de diciembre había 925.266 estudiantes matriculados en prácticas no remuneradas de al menos un día, según los registros de la Seguridad Social. “Se trata de una ampliación de derechos que beneficiará a los más jóvenes, quienes así podrán iniciar una carrera colaborativa que les permitirá generar derechos en el futuro”. afirmó el ministerio Elma Saiz lideró la implementación de la medida.
Esta mejora para los pasantes fue prometida. en la primera parte de la reforma de las pensionescon José Luis Escrivá al frente de la seguridad social y con el apoyo tanto de sindicatos como de empresarios. Becarios que reciben compensación económica Listado desde 2011
Esta cotización apenas supone costes para la entidad que recibe al estudiante, ya que está bonificada al 95% por la Seguridad Social. Para las prácticas de Formación Profesional, el Ministerio de Educación asume el 5% restante. Las universidades estipulaban que la empresa pública o privada que acogía al estudiante debía correr con los costes, pero dejaba abierta la posibilidad de que las universidades cubrieran los costes si la institución de acogida no quería hacerlo. As we denunciando las universidades, son ellas las que casi siempre asumen ese costo. Un análisis de este periódico. Tras el primer mes de aplicación de la medida, quedó claro que son casi todas las empresas públicas las que pagan el 5% restante, a pesar de las dificultades económicas que atraviesan.
“No hay opciones. O quitamos las prácticas del plan o pagamos la cotización”, dijo entonces Peña a EL PAÍS. En definitiva, los costes son bajos, un máximo de 10 euros por estudiante al mes. Por tanto, en la denuncia, las universidades no se centraron en los costes, de unos miles de euros mensualmente en las universidades con más estudiantes, pero con la carga administrativa asociada.
“Funcionó”
“No ha habido un éxodo masivo de empresas que ofrecen pasantías. “Se implementó con normalidad”, dice Magaldi. “El caos y la catástrofe que los dirigentes esperaban no se produjo. A algunos no les importaban los derechos de los estudiantes”, subraya Junyent. El representante de UGT cree que se trata de «otro ejemplo de cuestionable avance social que, una vez implementado y funcionando, será bien visto por todos» y espera un fenómeno similar con la reducción de jornada: «Ahora hay muchos ruidos». , pero si es necesario «Habrá completa normalidad».
La cifra actual de 925.266 solicitudes no ha sido confirmada desde 2024, lo que ha dado lugar a junio y otras ideas. En primer lugar, cree que debería invitar a una reflexión a “aquellos que proponen más prácticas en más sitios; Tenemos ya un universo de prácticas muy grande, aumentarlo no es razonable”. creer que la estructura productiva españolaCon tantas pymes, “no se pueden aceptar más estudiantes en prácticas en empresas que no pueden traer niños para aprender”. Pide también a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se centre en estos estudiantes. “Muchas empresas siguen aprovechándose, siguen trabajando con más estudiantes que empleados, lo cual es un fraude”.
Javier Muñoz, responsable del sector socioeconómico del Consejo de la Juventud de España, también se muestra satisfecho de que la aportación de los becarios no remunerados haya tenido impacto, pero cree que no es suficiente. “Es mejor que nada, pero aspiramos a mucho más”. Y en ese “mucho más” lo primero que menciona es el estatuto de becas, una norma”. . Presentado el 15 de junio de 2023, este es el segundo semestre del año y las elecciones generales se celebran el 23 de julio. Poco antes del evento orquestar el acuerdo
Sin embargo, el Ministerio de Economía aún no ha confirmado si ha dado luz verde a la redacción del texto acordado con las centrales sindicales. A principio de octubre, cuando el ministerio activó la tramitación parlamentaria de la norma, señalóon que Todavía hay debates dentro del poder ejecutivo. “La información que tenemos es que hay cierta dificultad entro del Gobierno para sacar la norma”, subraya el representante de CC OO. También apunta la aritmética parlamentaria: cuando se presentó el acuerdo entre sindicatos y ministerios, la mayoría de fuerzas nacionalistas expresó dudas.
Rechazo de los principales
El texto firmado por sindicatos y Trabajo en 2023 limita las horas de los ejercicios extraescolares (los que concentran la bolsa de precariedad al no formar parte del currículum) a un máximo de 480 horas. Eso significa 60 días a ocho horas diarias, la mitad de lo que solíamos hacer. Asimismo, la ley no obliga a las empresas a compensar a los pasantes, pero sí establece la obligación de reembolsar los gastos en que incurran los mismos. Los pasantes tendrían derecho al reembolso de los gastos de transporte o alojamiento. Este último punto es precisamente uno de los que mayor rechazo provoca por parte de los rectores a los que escucha la parte socialista del Gobierno.
“El precio de las prácticas fue la prueba piloto que nos demostró que nuestra estructura productiva no pagará ni un euro por prácticas no remuneradas. Y la asignación de gastos sería un factor de costo aún mayor. Cada año se realizan cientos de miles de pasantías que ni siquiera las universidades pueden realizar. Están en peligro”, protesta Peña. El otro punto que menos le impresiona del estatuto de becas en su versión actual es que hay «muy poco» en el número de prácticas permitidas, lo que, según Peña, afecta especialmente a profesiones como la medicina o la docencia. “Pedimos una reunión con el Ministerio de Trabajo antes de que se publicara el texto, pero no nos convocaron”, protesta Peña, cuya organización aclarará su posición sobre los alegatos, que podrán ser presentados hasta el 3 de enero. “Hay mucha inquietud, mucha preocupación. Estamos de acuerdo en gran parte del texto, concretamente en la distinción entre estudios y trabajo y en una mayor seguridad para los estudiantes, pero no en medidas que pongan en peligro las prácticas».
“El Gobierno debe aprobar de una vez por todas la situación del becario”, concluye Magaldi, con esperanza en el trámite parlamentario: “Lo que consultamos con los grupos fue positivo”. Incluso en el PP no hemos visto un rechazo absoluto a la norma”. En este sentido, Muñoz recuerda que el proyecto con el que trabaja «es el mismo que se acordó con los sindicatos» y destaca la «importancia» de implementar la norma: «Con el estatuto mejoraremos significativamente la situación». mucha gente.» «Otro asunto que debemos abordar», finaliza Junyent, « el estatuto de los trabajadores, el contrato de formación. Tenemos que dar un impulso”.
