El 7 de febrero de 1997, el Congreso Nacional destituyó al expresidente Abdalá Bucaram por incapacidad mental. El artículo 100 de la Constitución vigente en ese tiempo fue el argumento de los diputados para obligar al ex jefe de estado a cesar funciones.
La destitución de Abdalá Bucaram, expresidente por parte del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), se realiza en un contexto de inestabilidad en el Ecuador. Desde el 7 de enero de 1997 se presenta tensiones con los ciudadanos por el alza de precios de los cilindros de gas a 15 mil sucres y se elimina el subsidio; lo que crea huelgas nacionales en contra de lo aplicado por el Gobierno de turno.
Once días después del alza de precio del gas y una reubicación de este a 10 mil sucres, la población acusa a Abdalá Bucaram de “traición a la patria”. El expresidente había pedido perdón al Perú. El 5 de febrero comienza el paro nacional y el exvicepresidente Osvaldo Hurtado proclama la renuncia del Jefe de estado.
El conflicto va aumentando hasta que las carreteras son cerradas, las radios niegan la transmisión de las cadenas de Abdalá Bucaran; salen alrededor de dos millones de personas al paro nacional y los líderes políticos piden un enjuiciamiento al mandatario.
Abdalá y Rosalía, dos destituciones anticonstitucionales
Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso Nacional ante el juicio de incapacidad mental. La sentencia se realizó sin análisis de un psiquiatra o psicólogo, lo que no ratifica el argumento del Legislativo para derrocar al expresidente.
Una vez Abdalá Bucaram fue destituido, su binomio, Rosalía Arteaga, toma la presidencia: eso lo dictaba la Constitución vigente. Pero el Congreso Nacional la destituyó seis horas después de tomar el cargo y elige al diputado Fabián Alarcón como Presidente Interno, una decisión reconocida por las Fuerzas Armadas.
En una carta de nueve páginas del general Paco Moncayo del 2010, él reconoce la inconstitucionalidad del derrocamiento de Abdalá Bucaram; y que el plan fue de Jaime Nebot y León Febres-Cordero. La intención de los representantes del Partido Social Cristiano (PSC) era colocar un presidente electo por el Congreso Nacional, La posición de Rosalía Arteaga como jefe de estado no estaba en lo planeado ni fue aceptado: la destitución de ella tampoco fue constitucional.
